Los abogados de Rodrigo Rato y el resto de acusados por la salida a bolsa de Bankia han respondido con rotundidad al endurecimiento de acusación de la Fiscalía Anticorrupción alegando que se trata de un "cambio copernicano" con el que se vulneran sus derechos fundamentales. De este modo, han contraatacado a la decisión de la Fiscalía anunciada en esta fase de conclusiones de acusar no solo por estafa sino también por falsedad contable contra una quincena de exaltos cargos asegurando que se trata de un trámite "novedoso y sorpresivo" del cual es "imposible defenderse".
Los abogados de los 34 acusados por presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia han tomado la palabra en esta última sesión de juicio antes de la exposición de los informes para apuntar principalmente en tres direcciones: la necesidad de que absuelvan a los acusados en tanto no hubo comisión de delito por estos hechos; la imposición de las costas a las acusaciones y, finalmente, la vulneración de derechos tras el cambio de criterio de la Fiscalía Anticorrupcion. El primero en apelar a este último punto ha sido Ignacio Ayala, letrado de Rodrigo Rato.
El prestigioso abogado no ha pasado por alto este endurecimiento de la acusación de la fiscal Carmen Launa (que supone un incremento de hasta ocho años y medio de petición de cárcel para su cliente) y ha denunciando que con este giro se están vulnerando los derechos fundamentales del que fuera presidente del banco, dado que durante toda la instrucción y la vista oral se le ha acusado únicamente por delito de estafa en relación al presunto maquillaje del folleto informativo con el que la entidad salió a bolsa.
"Debería estar prohibido"
Ayala, que ha adelantado que se guarda sus razonamientos para la fase de informes, ha abierto la veda a que el resto de letrados se sumen a esta denuncia de cara a que conste ante el tribunal de la Sección Cuarta su férrea oposición a asumir también el delito de falsedad contable por las cuentas del banco de 2011 que acabaron siendo reformuladas ya bajo la presidencia de Ignacio Goirigolzarri. Especialmente incisiva ha sido la defensa del interventor de la entidad, Sergio Durá, quien ha afirmado que esta "modificación sustancial" debería estar "prohibida".
Durá integra la lista de quince acusados para los que sí se dirige la Fiscalía Anticorrupción junto con otros exaltos cargos como Ildefonso Sánchez Barcoj, quien se enfrenta a dos años y medio de prisión. Todos ellos se sentaron en el banquillo por la acción de las acusaciones particulares y populares de la causa sin que Anticorrupción actuara contra ellos. No obstante, este cambio de escenario, complica el horizonte procesal como ha reconocido el letrado del exdirectivo de Bankia y Caja Madrid. "Se ha producido en el Ministerio Fiscal un cambio copernicano. Esta acusación novedosa y sorpresiva se formula en un momento tan tardío que es imposible defenderse de ella", ha denunciado el abogado.
Los abogados de las tres personas jurídicas que litigan en la causa (Bankia, BFA y Deloitte) también han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales pidiendo la libre absolución de sus clientes. La situación no ha cambiado en el caso de los tres entes dado que solo actúan contra ellos las acusaciones particulares, ahora bien, todos ellos consideran que son ellas precisamente las que deben asumir las costas procesales de este macrojuicio. "Señorías, esto no puede salir gratis. No se puede permitir el abuso de la jurisdicción penal. Vamos a hacer un análisis de por qué es necesaria la condena en costas contra esta representación que mantiene acusación sin sustento jurídico", ha expuesto el letrado de Deloitte, Jesús Santos.
Despedida hasta septiembre
José María de Pablo, letrado de la exconsejera Mercedes Rojo, ha aprovechado su turno en el plenario para volver a denunciar el hecho de que la Fiscalía diera por fallecida a su cliente durante su exposición la pasada semana. Aunque la representante del Ministerio Público corrigió rápidamente este 'lapsus' y la incluyó dentro de la quincena de personas acusadas por falsedad contable, su abogado ha asegurado que se trata "más que de un error material de una negligencia" y que se tendrán que dar explicaciones detalladas al respecto.
De esta forma, la magistrada presidenta del tribunal Ángela Murillo ha deseado unas felices vacaciones a los acusados presentes en la Sala (entre ellos José Manuel Fernández Norniella, Francisco Celma y Ángel Acebes) y ha anunciado que se reanudarán las sesiones de la vista el próximo mes de septiembre. Será entonces cuando toque la exposición de informes y, tras la misma, se ofrecerá a todos los acusados a que hagan uso de última palabra si así lo consideran oportuno. Se tratará de la última fase de este procedimiento que arrancó hace ahora siete años y que lo dejará visto para sentencia.
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