Las defensas dicen que las tarjetas no eran de representación porque Caja Madrid cubrió todos los gastos

Las defensas de nueve exaltos cargos acusados por el uso de su tarjeta 'black' han sostenido en esta nueva vista del juicio que acoge la Audiencia Nacional que lo relevante es determinar si los 65 beneficiarios de Caja Madrid y Bankia tenían o no obligación de devolver lo gastado y al respecto ha dicho que no consta en las actas de la entidad que esa cantidad tuviera que ser devuelta.

Las acusaciones no han podido demostrar "en un solo caso" que los gastos fueran de representación ni en sus alegatos ni con las pruebas periciales, según han dicho los letrados que han recordado que Caja Madrid cubrió todos los gastos realizados con las Visas desde su nacimiento en 1988 hasta 2010 sin distinguir su naturaleza ni exigir devolución.

En concreto, el letrado de los exmiembros de la Comisión de Control Miguel Abejón, José Acosta Cubero, Antonio Cámara, Francisco Pérez, Antonio Rey de Viñas, Javier Miguel Sánchez y la que fuera presidenta de la Fundación Caja Madrid Carmen Cafrangas, ha cargado duramente contra la prueba pericial estrella aportada por Bankia a la causa --que ejerce la acusación particular-- y que desglosa los cargos efectuados con las tarjetas.

A su juicio las acusaciones intentaron sustituir "el déficit probatorio" de la hoja Excel recurriendo a Iñaki Azaola (director corporativo de auditoría de Bankia) de quien ha dicho que su relato sobre la veracidad del documento "no tiene respaldo alguno en la realidad". "Lo que prueba la hoja es que Caja Madrid lo pagaba todo", sostiene el letrado, que apunta además que es "irrelevante" cómo se llame a los plásticos, sino la finalidad que tenían.

Por ello también ha considerado "totalmente invalidada" y "desautorizada" la versión del que fuera presidente de Caja Madrid entre 1988 y 1996 Jaime Terceiro, bajo cuya presidencia nacieron las tarjetas, y que en su declaración como testigo ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal dijo que era para cubrir gastos de representación y como tal requería la entrega de justificantes.

Le ha precedido en el uso de la palabra la letrada del exconsejero de Caja Madrid a propuesta de Comisiones Obreras, Juan José Azcona, quien también ha señalado a Terceiro como responsable de esta práctica y ha denunciado que responsabilizar a Miguel Blesa (sucesor de Terceiro entre 1996 y 2010) de la práctica implica "partir de premisas falsas para llegar a conclusiones falsas".

En sintonía con los otros abogados que también han expuesto sus informes finales, la representación procesal de Azcona ha recordado que las visas no eran opacas --como apuntó el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón-- sino que eran de sobra conocidas por la Agencia Tributaria ya que Caja Madrid estaba sometida a inspecciones anuales en las que se analizaban todas las cuentas de gastos.

ERAN CONSEJEROS, NO ADMINISTRADORES

Los miembros de la Comisión de Control "ni representaban ni gestionaban los bienes" de la entidad, y por ello no se les puede atribuir delito de administración desleal en tanto no eran administradores, exponen los letrados en contraposición a Luzón que acusó a los beneficiarios de las 'black' de usarlas con actitud depredadora y contribuir a la caída de Bankia, rescatada en 2010 con más de 22.000 millones de euros de dinero público.

Todos ellos han pedido la absolución de sus defendidos al igual que ha hecho el letrado del exconsejero Darío Fernández Yruegas, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión por gastar, según la Fiscalía, 69.802 euros con la tarjeta, ya que el letrado ha denunciado que el total dispuesto por su cliente es de 1.000 euros menos.

Ha destacado que Fernández Yruegas consignó en la Audiencia Nacional el 102 por ciento de la reparación y, pese a elogiar la figura del fiscal Luzón, ha dicho que "no ha dado ni una" en lo que respecta a la petición de pena de prisión puesto que su defendido dispuso de la Visa que le entregaron diciendo que era una "compensación" y que el único requisito era usarla con moderación.

El Ministerio Fiscal pide entre un año y medio y seis de prisión para los 65 exdirectivos de la entidad que cargaron a sus tarjetas un total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012 en gastos personales como viajes, ropa, menaje del hogar, artículos de lujo o retirada de efectivo.

Como ya hicieran los abogados de Miguel Blesa y Rodrigo Rato en su exposición final ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de Lo Penal, el resto de defensas han denunciado que se produjo un juicio paralelo "con reproches, burlas e insultos" hacia los encausados que han sufrido "intensamente" con las informaciones que han aparecido en prensa sobre el juicio que acoge la Audiencia Nacional desde el pasado 26 de septiembre.

La presidenta del tribunal Ángela Murillo ha suspendido la sesión de este miércoles que se reanudará mañana con la exposición de los informes finales por parte de las defensas. Estaba previsto que el juicio quedara listo para sentencia el pasado año si bien se prolongará esta semana y los próximos 30 y 31 de este mes.