Madrid, 27 feb.- El Defensor del Pueblo considera que los últimos actos de violencia familiar y de género han puesto de manifiesto que los daños colaterales que sufre el menor cuyo padre maltrata a la madre no se habían abordado hasta ahora "en su justa medida".
En su Memoria de 2013, presentada hoy por la dirigente de la institución, Soledad Becerril, se indica que tampoco se han tenido en cuenta los daños por el uso de los hijos que se hace por parte de los progenitores inmersos en un proceso de separación y divorcio.
Recuerda el Defensor que la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales "en la vida, a la libertad, a la igualdad, que cuestiona su dignidad y seguridad".
A la vista, prosigue el informe, del problema que empieza a aflorar en relación a los menores, el Defensor ha iniciado actuaciones de oficio con el secretario de Estado de Justicia, al que se han planteado varias cuestiones, entre ellas, la necesidad de que todas los partidos judiciales dispongan de juzgados de violencia sobre la mujer.
Asimismo, considera "imprescindible" la implantación de unidades de valoración integral de violencia de género en los juzgados.
En sentido, apunta que el Consejo General del Poder Judicial informó de que en aquellos partidos en los que no se creasen juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos, el conocimiento de estos asuntos correspondería a cada uno de los juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción.
En las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia -Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Extremadura- se han implantado unidades de valoración integral del riesgo en todos los institutos de medicina legal.
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