El colapso sanitario en las zonas más afectadas por la pandemia del coronavirus ha llevado al Defensor del Paciente a pedir que se obligue a la sanidad privada a prestar camas vacías. Es por ello que la presidenta de esta asociación, Carmen Flores, ha remitido una carta a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en la que le solicita que obligue "sin excusa" a la sanidad privada a que ponga a disposición de los enfermos con coronavirus las cerca de 2.200 camas que en estos momentos no ocupa ningún paciente.
Se trata de un reclamo que se produce tras hacerse eco de las estimaciones efectuadas por ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española) que apunta que en la actualidad existe una capacidad de camas para los casos más graves muy superior a la que se está empleando en la actualidad en el país, a excepción de las zonas donde el número de contagios es mayor (Madrid, Cataluña y La Rioja). De acuerdo con sus estimaciones, en la actualidad la sanidad privada dispone de hasta 2.800 camas en las UCI, puesto que a las permanentes se les suma las requeridas por algunas regiones con focos de contagio muy activos.
Aunque algunas comunidades ya han recurrido a mutuas y centros privados para poder atender a todos los enfermos por coronavirus, la Defensora del Paciente ha pedido en una carta al Ministerio Público con copia al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que haga uso tanto de medios públicos como privados para salvar la vida de los enfermos más graves. En su carta, a la que ha tenido acceso este medio, se denuncia además la "pasividad y visto bueno" de algunos gobiernos autonómicos por no hacer uso de los servicios privados ante el colapso de la sanidad pública.
El aviso de Sanidad
"En la situación que estamos no hay propiedad privada que valga, hay que actuar. Tal es así que las empresas privadas han tenido que cerrar sí o sí por mandato gubernamental", reza la carta, en la que se recuerda que la tercera parte de los más de 12.000 fallecidos por coronavirus en España, son ancianos. No obstante, desde ASPE hacen un llamamiento a que se haga uso de los centros privados ante esta situación de crisis excepcional y explican que, de acuerdo con los últimos datos actualizados, albergan 5.200 pacientes hospitalizados y 610 en Unidades de Cuidados Intensivos.
Sin embargo, apenas días después de decretarse el estado de alarma el Ministerio de Sanidad advirtió a las comunidades autónomas que controlaran de cerca los recursos públicos con los que contaban para hacer frente a la pandemia cuando todavía no se había alcanzado el pico de contagios ni tampoco de ingresos en la UCI. Aunque los profesionales de las mutuas están más especializados en tratar patologías traumatológicas debido al servicio que prestan, estos entes cuentan también con una red de hospitales en los que disponen de UCIs.
Es por ello que antes de cumplir las primeras dos semanas de confinamiento, la Comunidad de Madrid ya empezó a derivar a pacientes enfermos con coronavirus a los centros hospitalarios de la Clínica Fremap (Majadahonda); Asepeyo (en Coslada) y la de Fraternidad-Muprespa en la misma capital. Paralelamente, se instaló el mayor hospital de campaña en el recinto ferial de Ifema, el cual podría seguir prestando servicio incluso en otoño, tal y como reveló la pasada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el temor de un posible rebrote del Covid-19.
Con todo, el Ejecutivo madrileño dio un paso más el pasado jueves al acordar que se pusiera a disposición de la Consejería de Sanidad el personal sanitario de las mutuas de la región. Así lo instó en una resolución del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en la que recordaba la colaboración de estos centros con la Seguridad Social. En el marco de la misma solicitó médicos generales, especialistas y auxiliares de enfermería; una medida que se mantendrá vigente, al menos, hasta que se levante el estado de alarma.
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