El avance imparable de fallecidos en los últimos días en residencias de mayores ha llevado a la Fiscalía General del Estado a tomar cartas en el asunto. Ante el medio centenar de ancianos fallecidos víctimas del coronavirus, el Ministerio Público ha acordado poner en marcha en toda su estructura territorial una red dirigida a recabar información y emitir directrices de actuación de forma homogénea en todos los ámbitos que sean de su competencia. Según fuentes jurídicas, las fiscalías provinciales se encargarán de estudiar los casos que se producen en su determinadas jurisdicciones para dar traslado a las fiscalías superiores.
Con todo, el plan de actuación del Ministerio Fiscal coincide con las reivindicaciones del Defensor del Paciente de que se investiguen los fallecimientos ocurridos en centros de mayores de todo el país. Es por ello que su máxima representante, Carmen Flores, se ha dirigido expresamente a la Fiscalía General del Estado y al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para que indaguen los hechos ocurridos en centros como el de Tomelloso (Ciudad Real), Capellades (Cataluña) o en Albacete, en donde el número de víctimas alcanza ya cerca de una treintena de fallecidos como consecuencia del coronavirus.
Así lo confirman fuentes del órgano a este diario desde el cual explican que están recibiendo numerosas quejas de familiares de residentes que exponen que, en algunos casos, estos sucesos se producen por la mala situación en la que se encuentran los mayores. Con todo, el Defensor del Paciente ya ha conseguido que la Fiscalía de Madrid incoe diligencias para investigar los hechos ocurridos en la residencia de Monte Hermoso (Madrid) donde han fallecido 17 ancianos. Las fuentes consultadas explican que el motivo de recurrir a la Fiscalía General del Estado y al Ejecutivo es precisamente ante la avalancha de cartas que están recibiendo en las últimas horas.
Cifras en aumento
De este modo, piden que se investigue si se ha podido cometer algún delito en la gestión de estos centros de mayores teniendo en cuenta que los ancianos se incluyen dentro de la población especialmente vulnerable a la pandemia que ha dejado en España, hasta el momento, 767 víctimas mortales y más de 17.000 casos confirmados. En concreto, el Defensor del Paciente se hace eco de los hechos ocurridos en el asilo Elder en Tomelloso, donde el virus ha provocado el deceso de quince ancianos o en la Fundación Privada Consorts Guasch en la localidad catalana de Capellades donde han fallecido seis personas.
Igualmente pide que se indague lo ocurrido en la residencia de Núñez de Balboa en Albacete, donde el deceso de siete mayores ha hecho que los gestores tomen medidas y procedan a desinfectar el inmueble. Con todo, a estos casos hay que sumarles otros muy similares en los que también se han dejado sentir los efectos del Covid-19. Se trata de la residencia Montserrat Caballé en Barajas, otra en Morata de Tajuña y Moratalaz, donde han fallecido un total de 18 personas. No obstante, estas cifras podrían incrementarse los próximos días puesto que hay más casos de contagios. Un claro ejemplo es lo ocurrido en un centro de mayores de Vitoria, donde el brote se ha cobrado la vida de ocho internos pero la cifra podría ir en aumento puesto que de los 90 internos que hay, 45 han dado positivo.
600 millones del Gobierno
Por su parte, el Ejecutivo ya anunciado que destinará una partida de 600 millones de euros del plan de choque aprobado este martes para reforzar los servicios sociales en plena crisis por el avance de la pandemia. De este monto total, 300 millones irán destinados a la atención de personas sin hogar, en situación de dependencia y ancianos y los otros 300 vendrá de los ayuntamientos con superávit fiscal con el fin de que se destine a políticas sociales. El encargado de gestionar este fondo es el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ya ha reconocido que las residencias de ancianos están desbordadas y que para el Ejecutivo es una prioridad priorizar esta atención.
Al respecto Iglesias, que ha recibido el encargo concreto de gestionar el operativo de protección de las personas sin techo, ha reconocido que se hace imprescindible medicalizar los centros para frenar los contagios del virus entre las personas de la tercera edad. A la acción del Ejecutivo se suma ahora la del Ministerio Fiscal el cual reconoce que se trata de un sector "especialmente vulnerable" entre la población, motivo por el cual pone ahora en marcha esta red territorial que tendrá como fin obtener toda la información relativa a fallecimientos en centro de mayores por contagio del Covid-19, para emitir directrices de actuación y ofrecer una respuesta homogénea.
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