Madrid, 27 feb.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha instado al Gobierno a que "arbitre las medidas necesarias para superar la ineficiencia" con la que actúa el Fogasa en el reparto de salarios e indemnizaciones a los trabajadores que han perdido su empleo en empresas declaradas insolventes.
Según los datos proporcionados a la Defensora del Pueblo, a 30 de abril de 2013 Fogasa contaba con una bolsa de 153.698 expedientes sin resolver que afectaban a unos 240.000 trabajadores, debido a que el tiempo medio de resolución ascendía a 210 días, aunque en algunas provincias llegó a 415 días, lejos de los tres meses legales.
Por este motivo, la Defensora ha iniciado "una actuación de oficio" ante el Fogasa para conocer las necesidades personales y materiales de las que carece y que son imprescindibles para su adecuado funcionamiento, con el objetivo de instar a las instancias superiores a que las adopten, ha indicado el organismo en su informe de 2013.
La Defensora explica que los expedientes acumulados responden al incremento de las solicitudes de prestaciones de garantía salarial consecuencia del aumento de empleos destruidos, que se han cuadruplicado desde 2008, mientras que la plantilla de Fogasa se ha revelado como "insuficiente" para atender este elevado volumen de trabajo.
Como solución temporal, añade la Defensora, el pasado mes de octubre Fogasa encomendó a una empresa pública la gestión de los expedientes atrasados en las provincias con mayor volumen de retraso y manifestó que confía en eliminar la lista de espera en un plazo inferior a un año, aunque reconoce que es necesario resolver el problema de manera estructural.
La Defensora resalta que, en el actual contexto de crisis económica y desempleo, la percepción de las prestaciones de Fogasa pueden incluso ser el apoyo económico que evite que los afectados lleguen al umbral de la pobreza y al riesgo de exclusión social.
La Defensora del Pueblo también critica las actuales políticas activas de empleo porque, a su juicio, "no parecen estar dando los resultados deseables", al mismo tiempo que duda "de la gestión que las entidades públicas y privadas colaboradoras hacen de los fondos destinados a estas políticas".
La Defensora propone "más controles, auditorías exhaustivas y una evaluación rigurosa de los resultados de los programas y actividades derivados de esas políticas", con el objetivo de garantizar la "transparencia de la gestión y su idoneidad", así como decidir sobre "el mantenimiento o modificación" de sus líneas de actuación.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios