"Atreverse a hablar del aborto y la educación sexual en Latinoamérica parece ser razón suficiente para que te tachen de 'delincuente', 'asesina' e incluso 'terrorista'", lamentó el miércoles la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, al presentar en la Ciudad de México el informe "¡Defensoras bajo ataque!, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas".
Guevara denunció que la situación es especialmente grave en esta región, en la que 10.000 mujeres murieron anualmente desde 2012 por causas relacionadas con el embarazo según cifras la Organización Mundial de la Salud (OMS) y donde un 38% de los embarazos son de menores de 20 años, un 20% de los cuales de niñas y adolescentes, muchos "como consecuencia de la violencia sexual".
Sobre la persecución a defensoras de derechos sexuales y reproductivos, Amnistía pone como ejemplo un caso registrado recientemente en Paraguay con la ONG CLADEM, que apoyó la petición de aborto de la familia de una niña de 10 años que fue violada por su padrastro.
La niña acabó teniendo en agosto una hija, después de que las autoridades le negaran el aborto, y las activistas que la defendieron denunciaron haber recibido llamadas amenazantes por teléfono y destrozos en sus automóviles.
También retoma un caso en Yucatán, en el este de México, donde hay "una brutal campaña" contra integrantes de la única organización que practica el aborto legal, que "obligó a la gran mayoría de los miembros del personal a renunciar a su trabajo" por temor a que "les pasara algo si se sabía que trabajaban en la clínica".
La doctora Sandra Peniche, de Servicios Humanitarios de Salud Sexual y Reproductiva de Yucatán, denunció que los ataques que recibe su organización son fruto de "una obvia combinación del gobierno de Yucatán con la jerarquía eclesiástica".
"A las defensoras nos tienen miedo los grupos de poder porque significamos un peligro, constituimos una línea activa, viva y combativa por la vida y eso ellos no lo pueden soportar", manifestó en la rueda de prensa esta sexóloga, que fue víctima incluso de amenazas de muerte.
En el informe, Amnistía también recuerda otro caso ocurrido en El Salvador, donde una organización es objeto de una "cruel campaña de hostigamientos" por apoyar a 17 mujeres condenadas a prisión acusadas de haber matado a sus fetos, pese a que ellas alegaron haber tenido abortos espontáneos.
"Personas del gobierno y de grupos fundamentalistas nos han atacado y estigmatizado con mentiras horribles en los medios y en las redes sociales", denunció Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
En ese país también fue muy sonado el caso de la joven Beatriz que, con 22 años, batalló en 2013 para que las autoridades le permitieran someterse a un aborto terapéutico -prohibido en el país- ya que padecía lupus y estaba embarazada de un feto sin desarrollo cerebral completo. Finalmente, le permitieron someterse a una cesárea a las 26 semanas de gestación. La bebé falleció cinco horas después.
Para la directora para las Américas de AI, "las campañas de difamación son una táctica bien conocida de las autoridades para intentar impedir que se hable de asuntos que les resultan incómodos" y "suelen ser también un primer paso para llevar a quienes lo hacen a los tribunales".
"Si los gobiernos no asumen su responsabilidad de proteger a estas valientes defensoras de los derechos humanos y respetar su trabajo, tal situación seguirá empeorando peligrosamente en el futuro inmediato", advirtió.
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