La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encara esta semana (miércoles y jueves) una importante reunión del Consejo Fiscal, órgano asesor del Ministerio Público, para hacer nombramientos clave en la institución como la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional o de la Fiscalía Antidroga. Un cónclave que se prevé que se celebre con un ambiente algo tenso a causa del estallido de una nueva polémica sobre el denominado 'caso Stampa', que ha motivado que dos asociaciones de fiscales hayan pedido una vez más su dimisión, a lo que se suma las reiteradas críticas internas contra la máxima representante de la institución por su política de nombramientos.
Precisamente fueron la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria- y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) -sin representación en el Consejo Fiscal- las que la semana pasada se mostraron en contra de que Delgado siga al frente de la Fiscalía General. Todo ello tras desvelarse un correo electrónico que demostraría que la jefa del Ministerio Público sí estuvo informada del avance de la investigación interna que se abrió a uno de los primeros fiscales del 'caso Villarejo, Ignacio Stampa, por presunta revelación de secretos. Se trata de una comunicación del fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, quien asumió las diligencias del expediente, que contrasta con la versión que ha defendido siempre la propia Delgado: que ni participó ni intervino en este asunto.
Esta revelación ha coincidido además con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de condenar en costas al Ministerio Público por denegar a Stampa el acceso al expediente completo de la investigación que se siguió contra él. Así, el tribunal ha dado por concluido el procedimiento administrativo incoado por la demanda que el exfiscal del 'caso Tándem' presentó por estos hechos, ya que el asunto finalmente se ha resuelto por la vía extraprocesal al entregarle la Fiscalía toda la documentación reclamada.
En este 'dossier' consta otra serie de comunicaciones que reflejan cómo el jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, 'mano derecha' de Delgado, realizó unas "sugerencias" al fiscal Cabellero Klink para la práctica de más diligencias con el fin de aclarar la presunta filtración de información a una de las abogadas de Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así, ante las dudas de que estas indicaciones habrían dilatado el archivo de la investigación interna, el pasado 24 de noviembre el Consejo Fiscal se reunió para esclarecer las "gravísimas y difamatorias imputaciones" que se hacían a Delgado, que en octubre de 2020 decidió no conceder a Stampa una de las ocho plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, en la que llevaba años desempeñando su labor en comisión de servicios.
El encuentro fue bronco debido a que la Asociación de Fiscales pidió poder acceder a dicho expediente, así como a información sobre el despacho Ilocad, que defiende a alguno de los investigados en la macrocausa y que dirige el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pareja sentimental de la fiscal general del Estado. Ante el rechazo rotundo de Delgado de facilitar la batería de documentación reclamada, la asociación mayoritaria de fiscales también acudió al TSJM para presentar un recurso. Se da la circunstancia de que la semana pasada salieron a la luz otra serie de correos electrónicos que evidenciarían que las indicaciones de la Secretaría Técnica no solo aplazó el cierre desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021, sino que las conclusiones de archivo se modificaron en varias ocasiones, restando cinco páginas en las que se plasmaban los argumentos del fiscal que se encargó de las diligencias de investigación.
Pendiente del Supremo
Así las cosas, la reunión del cónclave fiscal de esta semana no se prevé del todo tranquila, como puede ser la tónica general. A estas circunstancias se añade el rechazo de los vocales de la Asociación de Fiscales a la política de nombramientos discrecionales que mantiene Delgado, a quien le reprochan que coloque en los puestos más relevantes del Ministerio Público a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció hasta que fue nombrada ministra de Justicia y después fiscal general del Estado. De hecho, el Tribunal Supremo tiene pendiente de resolver las demandas presentadas, por un lado, por la asociación mayoritaria de la carrera contra la designación, el pasado mes de marzo, de Eduardo Esteban como fiscal de sala delegado de Menores, y, por otro lado, por uno de los aspirantes a dicha plaza, el fiscal José Miguel de la Rosa.
Otro de los nombramientos que no gustó a la AF fue el de María Ángeles Sánchez Conde como teniente fiscal del Tribunal Supremo. La mencionada asociación acusó a Delgado de tener "querencia" por los fiscales de la agrupación a la que pertenecía, y olvidar el "principio de mérito y capacidad". Con esta designación se descartó a Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado y una de las fiscales del 'procés' independentista de Cataluña, que recibió el apoyo de la AF, en contra de los votos de la UPF que fueron a parar a la ahora 'número dos' de la Fiscalía y primera mujer en ocupar este cargo. No obstante, las votaciones de los vocales no son vinculantes, ya que Delgado, como máxima responsable de la institución, tiene independencia para tomar la decisión final.
Las votaciones no son vinculantes, ya que Delgado, como máxima responsable de la Fiscalía, tiene independencia para tomar la decisión final.
Con este panorama, el Consejo Fiscal tiene que debatir sobre los candidatos más idóneos para dirigir la Fiscalía de la Audiencia Nacional o Antidroga y otras en Seguridad Vial, Extranjería, Criminalidad Informática, Cooperación Penal Internacional o en el Tribunal Supremo, entre otros. En relación a la primera de ellas, el fiscal Jesús Alonso se presenta a su renovación, quien disputa la plaza con otros representantes del Ministerio Públicos adscritos a este órgano encargado de asuntos especiales relacionados con corrupción, narcotráfico, terrorismo o extradiciones. Ellos son Vicente González Mota, José Perals y Joaquín González- Herrero.
Fiscalía de la Audiencia Nacional
Fuentes jurídicas consultadas por este diario destacan que la plaza de fiscal jefe de la Audiencia Nacional es una de las más sensibles, ya que el contexto político puede influir en la decisión. Se trata de la fiscalía que entiende sobre los casos de terrorismo de ETA, y el criterio que está marcando Jesús Alonso (perteneciente a la Asociación de Fiscales) está 'bloqueando' el programa de "resocialización" que el Gobierno vasco -con competencias en las gestión de tres prisiones de su territorio- ha puesto en marcha para que los etarras obtengan el tercer grado o semilibertad gracias a la realización de cursos formativos.
La Fiscalía que aún dirige Alonso -quien ha tenido muy buena relación con Delgado durante la etapa en la que ésta trabajaba en la Audiencia Nacional como fiscal especialista en terrorismo yihadista- está recurriendo prácticamente la mayoría de las peticiones de progresión de grado insistiendo en que el arrepentimiento del condenado debe ser "expreso" y "sincero". Al otro lado de las candidaturas se encuentran dos fiscales que ejercen en dicho órgano judicial como son González Mota (UPF), quien fue coordinador de terrorismo; y Perals, con amplia experiencia en este ámbito y en la lucha antidroga.
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