La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha lanzado un mensaje rotundo ante la petición por parte de asociaciones de fiscales de paralizar su actividad por la falta de material de protección para enfrentar la amenaza del coronavirus. En una nota, la exministra de Justicia ha agradecido la labor realizada por los representantes del Ministerio Público en la crisis actual pero ha recordado que "no cabe elección alguna" y que se seguirán prestando los servicios mínimos tal y como se acordó la pasada semana.
Delgado asegura que la Fiscalía General está solicitando medidas de prevención, si bien admite que la situación de emergencia sanitaria" hace que exista en estos momento una escasez de equipos de seguridad" incluso para el personal sanitario. Es por ello que relega en el Ministerio de Sanidad por ser el que establece "pautas y prioridades". De este modo intenta dar respuesta a las pretensiones de fiscales y también de asociaciones de jueces que denuncian desde la pasada semana que no cuentan con los medios necesarios para garantizar los servicios mínimos acordados por la Administración de Justicia.
"Ante la falta de algunos medios solo nos caben dos opciones: dejar de prestar el servicio público y, por lo tanto, dejar desprotegidos a la ciudadanía, a las víctimas, a los menores a los detenidos y a los colectivos vulnerables que cada día no tienen más remedio que acudir a la Justicia o, por el contrario, normalizar una respuesta ordenada",dice la recién nombrada fiscal general del Estado, la cual intenta relativizar las quejas de los fiscales asegurando que se puede sacar adelante su trabajo "de la misma manera que somos capaces de compatibilizar esta emergencia con las actividades comunes de la vida diaria", añade.
En la carta, que lleva por fecha este martes 17 de marzo, Delgado afirma que la decisión del Ministerio Fiscal que dirige es "clara" y que la declaración del estado de alarma por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a interrumpir el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. "Quiero seguir alentando a todos los/las fiscales para que continúen prestando a la ciudadanía los servicios mínimos que se esperan del Ministerio Fiscal y de todos sus integrantes", apostilla.
La pretensión de los representantes del Ministerio Público se suma al descontento denunciado por algunas de las asociaciones de fiscales y de las cuatro asociaciones de magistrados en bloque que desde un primer momento pidieron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un plan de actuación común para el territorio nacional ante el avance de la amenaza del coronavirus y después de que la Comisión Permanente acordara establecer dos tipos de escenarios a aplicar por territorios en función de la gravedad de la enfermedad.
Ello llevó a la Comisión Permanente a rectificar y, tras decretarse el estado de alarma el pasado sábado, se acordó la suspensión de todas las actividades judiciales en todo el país a excepción de los servicios mínimos. Las asociaciones no obstante denuncian que están acudiendo a sus puestos de trabajo sin contar con el mínimo de material sanitario necesario para poder garantizar su servicio, lo que les expone a un riesgo mayor de contraer el virus.
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