Justicia restaurativa. Así ha propuesto la fiscal general del Estado que se castiguen los delitos de odio cuya reforma estudia ya el Ejecutivo. En su comparecencia en el Senado, Dolores Delgado ha sugerido un cambio normativo para estos tipos penales en aras a que los condenados por los mismos cumplan su pena mediante charlas con los ofendidos directos de sus comentarios o bien con trabajos comunitarios. La fiscal general, que ha acudido a la cámara baja a presentar las memorias de la Fiscalía, ha zanjado el debate abierto en los últimos días a tenor de los disturbios en defensa de Pablo Hasél y ha dicho que el Ministerio Público investigará todas las acciones violentas.
"Nada tiene que ver la libertad de expresión con la violencia. Podemos hacer un análisis, estudio y repaso a los tipos penales pero les compete a ustedes que son el legislativo", ha respondido Delgado a preguntas de los portavoces que integran la Comisión de Justicia. "Tenemos que pensar cual es la mejor respuesta a los excesos en determinadas expresiones a través de redes sociales. A lo mejor es cierto que no con una pena privativa de libertad, a lo mejor tenemos que pensar en Justicia restaurativa y no tanto con trabajos a la comunidad como hablar con las víctimas a las que se hace daño en redes sociales. Tenemos que empezar a resolver conflictos no con la prisión, sino de otra manera", ha sugerido.
Se trata de una propuesta que se produce apenas semanas después de conocer que el Ejecutivo de coalición ya trabaja en una reforma del Código Penal en lo que respecta a los delitos ligados a la libertad de expresión. Aunque el trabajo está todavía en fase muy temprana, la finalidad del Gobierno es que tipos como el delito de odio, injurias a la Corona o contra los sentimientos religiosos tengan un castigo diferente al que recoge en la actualidad el Código Penal. Al respecto Delgado ha sugerido que, para este asunto, cuenten con el criterio de los fiscales que son los que trabajan día a día con casos empíricos relacionados con estos delitos.
Este ha sido uno de los asuntos que han abordado los portavoces de los partidos en su turno de palabra. Además de comentar el nuevo cambio normativo que coincide con las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hásel, algunos de los miembros de la Comisión de Justicia se han interesado por otros asuntos, como las condenas de los líderes del procés o la supuesta relación de la también exministra de Justicia con el comisario José Manuel Villarejo. Al respecto, el senador Fernando de Rosa le ha afeado que cada vez sus cloacas "huelen más a podrido" y le ha afeado que imputados del caso Villarejo hayan denunciado ante el juez el almuerzo que mantuvo con Florentino Pérez, tal y como adelantó La Información.
Sin abstención
En su turno de réplica Delgado no ha respondido a las acusaciones de supuesta parcialidad pero sí ha defendido su elección como fiscal general del Estado en base a lo recogido en la Constitución y recordando que en otros países de Europa, como ocurre en Francia y Bélgica, esta figura rinde cuentas directamente ante el ministro de Justicia. "Si no hay intervención no hay abstención. Caso a caso se deben establecer los conflictos de intereses que puedan surgir. Las propuestas de autonomía pasan por la reforma para el fortalecimiento no tanto de establecer límites a la actuación de los fiscales sino de dotarles de autonomía sin tener que depender del Ministerio", ha dicho.
De este modo Delgado ha eludido responder a los que piden que se aparte del caso Villarejo debido a que su pareja Baltasar Garzón defiende a algunos de los principales imputados en esta macrocausa y ha sentenciado que esta cita era para hablar de las memorias relativas a los ejercicios de 2018 y de 2019 y no para cuestionar la idoneidad de la fiscal general del Estado.
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