Dolores Delgado ha presentado su renuncia como fiscal general del Estado tras dos años y medio en el cargo, por motivos personales y de salud. El Consejo de Ministros, que se reúne este martes, tiene previsto proponer al que hasta ahora ha sido su 'número dos', Álvaro García Ortiz, como nuevo máximo representante del Ministerio Público, según han confirmado fuentes gubernamentales a La Información.
El pasado 20 de abril de 2022, Delgado se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral, que le obligó a estar casi dos meses de baja laboral, incorporándose a finales del pasado mes de junio con la convocatoria del nuevo Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General. Debido a que la dolencia en la columna obligará a realizar nuevas intervenciones quirúrgicas, Delgado ha decidido presentar su renuncia en una carta remitida a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la que expresa su voluntad de apartarse de las responsabilidades como fiscal general del Estado por motivos de salud.
Según se explica en un comunicado oficial del Ministerio Público, Delgado ha subrayado lo "difícil de una decisión en la que ha tenido que conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y responsabilidad", lo que le ha llevado a la convicción de que no se encuentra en las condiciones físicas exigidas para tan alta función. Asimismo, ha afirmado que "el balance de estos dos años y medio de mandato es satisfactorio". "Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables", ha recalcado, de acuerdo al comunicado.
El artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el mandato del fiscal general del Estado tendrá una duración de cuatro años y recoge cinco situaciones excepcionales por las que el máximo representante del Ministerio Público podrá cesar: a petición propia; por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley; en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones; o cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.
Ministra de Justicia y fiscal de la Audiencia Nacional
La llegada de Delgado a la Fiscalía General del Estado no tuvo exenta de polémica. Su nombramiento -ratificado por el Tribunal Supremo- tuvo lugar a principios de 2020, justo después de dejar el Ministerio de Justicia que dirigió entre junio de 2018 y enero de 2020, donde se vio salpicada por su aparición en uno de los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo -causa en la que recientemente se le ha ofrecido personarse como perjudicada-, o por el cambio de criterio de la Abogacía del Estado en la acusación del 'procés' independentista. También tuvo un importante papel como Notaria mayor del Reino durante la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Antes, desarrollaba su labor profesional como fiscal en la Audiencia Nacional, especialista en terrorismo yihadista, donde tenía cierto reconocimiento.
Su mandato como fiscal general del Estado ha estado también protagonizada por grandes altibajos, sobre todo en lo relativo a su política de nombramientos, donde se han visto favorecidos fiscales de la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que pertenecía-. Unos 'ascensos' a la cúpula judicial que han sido muy criticados en la carrera fiscal, e incluso llevada hasta el Tribunal Supremo. También por el denominado 'caso Stampa', relativo a la denegación de una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los fiscales que impulsó el 'caso Villarejo'.
La última controversia tuvo lugar el pasado mes de abril, si bien no fue por su gestión, sino por el ascenso que el Gobierno tenía previsto para Delgado a fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez abandonara su cargo como fiscal general del Estado. Este 'premio' se introdujo en una enmienda a la nueva ley Concursal, si bien esta iniciativa finalmente fue retirada el pasado mes de junio.
Fiscal del 'prestige'
Su sustituto será el fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, que también pertenece a la UPF y que presidió. Ingresó en la carrera fiscal en 1998 y fue coordinador de la entonces Adscripción de Menorca (en Mahón) entre los años 2000 a 2002. De ahí, se trasladó a Santiago de Compostela, donde desempeñó su labor como fiscal especial coordinador de incendios de Galicia desde octubre de 2004. Posteriormente, en 2007, fue nombrado fiscal de Medio Ambiente, llevando importantes casos como el relativo al hundimiento del Prestige.
Una vez Delgado aterrizó en la Fiscalía General del Estado, nombró a García Ortiz (en marzo de 2020) como su 'mano derecha'. En su trayectoria destaca el informe elaborado sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017 en Galicia, después de que el entonces presidente de la Xunta y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hablase de una actividad "delictiva homicida" y llegase a plantear el delito incendiario como "terrorista". García Ortiz fue tajante al respecto tras el análisis de la Fiscalía y aseguró que no tenían "evidencias de la existencia de ninguna trama" incendiaria.
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