El Gobierno se ha propuesto acabar cuanto antes con la limitación que el anterior Ejecutivo de Rajoy impuso para la instrucción de las causas penales, en las que están incluidos la mayor parte de los procesos por corrupción abiertos frente a políticos y empresarios en los últimos años. Hace algo más de tres años, y en pleno apogeo de casos de corrupción que afectaban al PP, desde el Ministerio de Justicia que regentaba Rafael Catalá se reformó el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), para fijar un plazo fijo de seis meses en la investigación de estas causas por parte del juez de instrucción.
La reforma contemplaba además que solo a petición del Ministerio Fiscal se podía ampliar ese plazo durante durante dos periodos adicionales de 18 meses, si bien para ello es necesario que el juez declare la causa como 'compleja', por entender que se han dado una serie de acontecimientos no esperados que impiden llevar a cabo todas las declaraciones y las acciones legales para esclarecer los hechos en el periodo limitado.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene previsto plantear esta misma semana en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Pleno acelere la derogación del polémico artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por entender que se ha hecho hasta el momento un uso poco ortodoxo de las opciones que plantea. La propia ministra Delgado se ha quejado en varias ocasiones del bloqueo que esta norma permite de algunas causas, que son impugnadas en los tribunales con triquiñuelas procesales, con el objetivo de agotar el plazo máximo de instrucción.
Desde la parte socialista no se rechaza de plano establecer plazos máximos para llevar a cabo la investigación de un proceso, pero con una norma más clara, que evite dilaciones indebidas. Algunos juristas han advertido incluso que esta limitación a seis meses puede ser utilizada de forma que no se llegue a garantizar en toda su validez el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que contempla el artículo 24 de la Constitución.
Control del Ministerio Fiscal
Una de las grandes críticas que se incluyen en esta modificación es la potestad que se le da al Ministerio Fiscal para que sea el que ponga en marcha una ampliación de los plazos de instrucción, sin cuya petición no podría hacerse. Solo si lo pide el fiscal, el juez puede declarar la causa como compleja y ampliar año y medio más el proceso hasta en dos ocasiones.
Fuentes consultadas en el ámbito socialista han advertido que las críticas a este precepto en su conjunto, y a la potestad que otorga al fiscal en particular, se han venido haciendo desde que se pusiera en marcha la iniciativa legal, hace más de tres años. En su opinión, no es lógico que en un sistema legal en el que las investigaciones las lleva el juez instructor, sea el fiscal el que pueda marcar los plazos para terminarlas o ampliarlas. Sin ánimo de poner en duda la independencia de la Fiscalía, el lado socialista ve en ello un simple problema de orden y lógica jurídica que hay que solventar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en alguna ocasión que la reforma llevada a cabo en su día por el PP, además de multiplicar el riesgo de impunidad, puede provocar importantes disfunciones en la administración de Justicia, dado que no ha contribuido a agilizar la Justicia penal, puesto que se ha mantenido la media de duración de las instrucciones judiciales y se ha incrementado notablemente el tiempo de espera para el enjuiciamiento.
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