Unanimidad en la Junta de Fiscales

Delgado respalda a Anticorrupción, que seguirá investigando el 'caso Ayuso'

La fiscal general explica en un decreto que las pesquisas no se centran en posibles delitos a la Hacienda europea, sino con comportamientos que afectan "directa y esencialmente a intereses nacionales".

Dolores Delgado
Dolores Delgado
Europa Press

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha respaldado este lunes al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que siga investigando si el  contrato para la adquisición de mascarillas en el que medió el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue irregular. La decisión ha sido adoptada después de escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, que ha confirmado por unanimidad las tesis de Luzón sobre que la competencia para dirigir las pesquisas es de la Fiscalía española y no la Fiscalía Europea. No obstante, ésta última podrá seguir indagando en la presunta malversación de fondos europeos.

"Lo que se dirime en la investigación de la Fiscalía española es el correcto

desempeño de las actividades públicas desde la perspectiva de una Administración prestacional al servicio de los intereses generales y plenamente sometida a la ley y al derecho. Se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales (...) y, por consiguiente, debe ser la Fiscalía nacional la que determine la suficiencia indiciaria para la eventual incoación de un procedimiento penal", explica Delgado en un decreto dictado este lunes tras oír la opinión de la Junta de Fiscales de Sala, órgano consultivo en materia técnica, cuyo criterio es preceptivo pero no vinculante.

De este modo, la fiscal general ha confirmado la decisión del jefe de la Fiscalía Anticorrupción de no ceder la investigación abierta el pasado 23 de febrero a la representante de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, quien reclamó las diligencias al sospechar que en la compra de 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 en los primeros meses de la pandemia por coronavirus se utilizaron indebidamente dinero del Fondo Europeo de Desarrollo General (Feder). En este sentido, el decreto señala que los delitos que investiga el departamento fiscal para la lucha contra la corrupción "no se encuentra indisociablemente vinculada con los delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y cohecho". 

Y es por este motivo por el que entiende que la competencia para seguir indagando en la posible comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios es de la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello sin perjuicio de que Europa siga investigando, en paralelo, si existió malversación de fondos europeos. Según explican fuentes fiscales, esto se debe a que el Ministerio Público español no puede impedir que el organismo comunitario trate de averiguar si hubo un perjuicio a los intereses financieros de la Unión Europea, para la que es competente.

Conflicto de competencia

Delgado ha convocado la tarde de este lunes a la Junta de fiscales de Sala, en la que asisten una treintena de fiscales, para resolver qué organismo tiene la competencia para investigar el contrato de mascarillas en el que intermedió Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional. Todo ello después de que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, planteara un conflicto de competencia y rechazara dejar en manos de su homóloga europea las pesquisas. 

La Fiscalía Europea acordó abrir su propia investigación el pasado 1 de marzo para verificar los hechos que se plasmaron en un oficio remitido el pasado 25 por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), en el que se advertía de que en la adquisición por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de un lote de mascarillas fue "financiada al parecer con fondos FEDER". Sin embargo, Anticorrupción declinó dejar la investigación en manos de Europa, al entender que los hechos que están siendo analizados se enmarcan en "la órbita del correcto funcionamiento de la Administración pública nacional, sin que apreciara base indiciaria suficiente en relación con los delitos de fraude y malversación".

Al término de la reunión, Luzón ha reiterado este mismo argumento a los medios de comunicación para explicar por qué la competencia para investigar la adjudicación del contrato para la adquisición de mascarillas a la empresa Priviet Sportive SL -administrada por un amigo de la familia Díaz Ayuso-, cuyo importe fue del importe de 1,5 millones de euros . Es "estrictamente" nacional por su vinculación con el "correcto funcionamiento de la Administración Pública española", ha subrayado. En este sentido, ha afirmado que, pese a las discrepancias surgidas en las últimas semanas, la "colaboración" y la "coordinación" con la Fiscalía Europea seguirá desarrollándose "dentro de la normalidad institucional" y que con el avance de la investigación se verá si es necesario "acumular y transmitir algún tipo de información".

La causa no se "desgaja"

En esta línea, el jefe de Anticorrupción ha apostillado que el hecho de que Europa también esté investigando el contrato vinculado con el hermano de Díaz Ayuso no significa que la causa se "desgaje". Según ha indicado, la Fiscalía que representa Sabadell -antes fiscal Anticorrupción, que se encargó de causa conocidas como 'Gürtel'- tiene total competencia para dilucidar si algún interés financiero o económico de la Unión Europea se vio afectado y por ello, desde que recientemente abrió su investigación, "tiene copias de las actuaciones que se han llevado a cabo". Asimismo, ha precisado que las diligencias de Europa sí son "penales", ya que los fiscales europeos ejercen como los "jueces de instrucción" españoles, mientras que las pesquisas de Anticorrupción son preprocesales, es decir, no están judicializadas, pues que se está tratando de aclarar si existen indicios de conductas delictivas.

La Fiscalía Europea apuntaba esta misma mañana que cabía la posibilidad de que el asunto se llevara ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al respecto, Luzón ha recordado que el artículo 9 de la Ley Orgánica aprobada en 2021 para la creación de la Fiscalía Europea establece que en caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la Fiscalía nacional en relación con "delitos indisociablemente vinculados", es la Fiscalía General del Estado quien resuelve la competencia, como ha ocurrido. "Creemos que no se dan las circunstancias como para elevarlo al TJUE. La decisión que tome la Fiscalía Europea es asunto suyo", ha zanjado.

Luzón abrió una investigación el pasado 23 de febrero al aceptar las denuncias que presentaron el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, sobre las posibles irregularidades en el contrato que se firmó el 1 de abril de 2020, en pleno confinamiento por la covid-19, para conseguir material sanitario en el mercado chino. Unas denuncias que llegaron en medio de una crisis interna en la cúpula del PP de Pablo Casado tras revelarse que ésta había intentado espiar el entorno de Díaz Ayuso para comprobar si el hermano de la presidenta madrileña había cobrado una comisión de 280.000 euros por mediar en la cuestionada licitación.

"Confirmar o descartar" 

En su decreto, el jefe de Anticorrupción explicó que la era necesario incoar diligencias de investigación para "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados" debido a "la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública". Asimismo, apuntó a la "indiscutible trascendencia social del contexto" en el que tuvo lugar la adjudicación, ya que era "necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

Fiscalía subraya la "indiscutible trascendencia social del contexto", ya que era "necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

Con todo ello, la investigación preliminar no se dirige personalmente contra ninguna persona, según advirtió el fiscal jefe de Anticorrupción en su decreto, pero mucho menos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pese a que las denuncias apuntaban también a la intervención de Díaz Ayuso, Luzón descartó directamente enviar a los hechos al Tribunal Supremo -órgano competente para investigar a un aforado- al considerar que los partidos de la oposición planteaban meras "hipótesis" que, por el momento, no pueden ser corroboradas, ya que no hay "indicios razonablemente verosímiles" de su participación en el contrato. 

La denuncia de Ayuso

Por su parte, Díaz Ayuso ha tratado de contrarrestar a la oposición y tan solo una semana y media después de que se abrieran diligencias contra el contrato en el que participó su hermano, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid presentó, también ante Anticorrupción, una denuncia sobre 12 contratos que adjudicó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que se investigues los presuntos vínculos que tienen con gente cercana al presidente del Gobierno; al exministro de Sanidad, Salvador Illa; y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño

El Ministerio Público aún no se ha pronunciado sobre si procede abrir diligencias sobre estos hechos o los archiva directamente. Aún así, el PP de Madrid ha acudido de nuevo este lunes ante la Fiscalía, coincidiendo con la convocatoria de la Junta Fiscal, para ampliar su denunciar y presentar más "pruebas" de presuntas irregularidades. De este modo, instar a investigar si en estos hechos se vieron involucrados fondos europeos.

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