Delgado 'revoluciona' la Fiscalía con 20 nombramientos el día de las elecciones

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha adelantado al 4 de mayo, día de las elecciones a la Comunidad de Madrid, el nombramiento de las 20 plazas de libre designación que tiene pendientes en las principales fiscalías del país y que han causado un tremendo revuelo entre las asociaciones profesionales por el favoritismo que suele tener con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la organización a la que ella pertenece, que no es la mayoritaria dado que la supera la Asociación de Fiscales (AF). Solo la decisión de adelantar las adjudicaciones un día sobre lo previsto y hacerlas el 4-M ha generado muchas críticas internas, que ven en esa decisión un intento de minimizar el impacto en los medios y la opinión pública de las designaciones más conflictivas, dado que todo el interés estará en los resultados de los comicios de Madrid.

Fuentes cercanas a este proceso advierten que algunos de los nombramientos previstos están lejos de guardar el equilibrio que siempre se ha dado entre las distintas organizaciones a la hora de cubrir las plazas y no tienen en cuenta el puesto que cada candidato ostenta en el escalafón oficial, algo que acrecentará el malestar que ya existe en el Ministerio Público con las últimas decisiones de la fiscal general. En total, se va a nombrar fiscales en el Tribunal Constitucional (primera y segunda categoría), el Supremo, la inspección de la Fiscalía General, la Unidad de Violencia sobre la Mujer, la Fiscalía Antidroga, el Tribunal de Cuentas y la teniente fiscal Anticorrupción, además de en diez comunidades autónomas y dos provincias, todo ello el mismo día que los madrileños van a votar en unas elecciones que se interpretan como un plebiscito nacional.

Desde el ámbito de la Fiscalía se asegura que en este tipo de nombramientos, aunque ha habido contadas excepciones de designaciones a dedo muy poco lógicas, la práctica ha sido siempre buscar un equilibrio entre los candidatos que optan a las diferentes categorías y puestos de las diferentes asociaciones profesionales, mayoritarias y minoritarias -en España hay tres, UPF, AF y APIF-, de forma que se respete en todo lo posible el escalafón y se tengan en cuenta los méritos y la capacidad de cada fiscal.

Madrid estrena Gobierno... ¿y fiscal superior?

Dos de los puntos más conflictivos de este martes están en Galicia y, precisamente, en Madrid. El mismo día en que se elige el nuevo Gobierno de la comunidad capitalina está en juego el puesto de fiscal superior, un cargo importante para el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Jesús Caballero Klink opta a continuar en ese lugar cinco años más con su puesto 160 del escalafón, pero se enfrenta a otra de las fiscales de UPF y cercanas a Delgado, Almudena Lastra, que es teniente fiscal y está en el lugar 578. Fuentes cercanas a ese proceso alertan, además, del distanciamiento entre Caballero y Delgado a causa de la investigación que se abrió sobre el exfiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa, que el titular de Madrid quiso cerrar antes de que se celebrase el consejo fiscal en el que se le apartó del caso dado que ya no tenía más recorrido. Fuentes cercanas a aquel proceso aseguran que, aunque nadie apoyara a Stampa en el consejo, la fiscal general nunca quiso que la investigación sobre su actuación se cerrara antes de ese día, en contra del parecer de Caballero, algo que se llegó a considerar como una “traición”.

En el caso gallego, se abre el puesto de fiscal superior, que puede seguir ocupado por Francisco Suances, que tiene esa categoría y el puesto 27 en el escalafón; o por Juan Carlos Alandro, fiscal jefe que goza de un gran prestigio en la carrera por sus actuaciones en la comunidad y está el 323 del ranking. Frente a ello, las fuentes consultadas aseguran que la favorita es la tercera candidata, Pilar Fernández, de la UPF y muy cercana a Delgado y a su número dos, Álvaro García, pero que está en el número 1.029 del escalafón. Fernández ya fue propuesta incluso como vocal para renovar el CGPJ por el PSOE en el acuerdo fallido de 2018, con Lola Delgado de ministra de Justicia.

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Los casos de Galicia y Madrid, ambas gobernadas por el PP por ahora, se unen a la previsible llegada de María Antonia Sanz Gaite a la Inspección de la Fiscalía General, de UPF y cercana a Dolores Delgado, que ostenta el puesto 422 en el escalafón y es la cuarta de las cinco opciones que hay para ese sillón. En el mismo caso está Teresa Peramato Martín, de UPF y que parte como favorita para ser fiscal de sala en la Unidad de Violencia sobre la Mujer, pese a estar lejos de las opciones de Ángeles Garrido y Álvaro Redondo, que están en los primeros lugares de la calificación oficial.

El puesto de teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción parece que quedará en manos de la actual titular Belén Suárez Pantín. Y es incontestable la designación de Pedro Crespo para fiscal de sala del Tribunal Constitucional, dado su bagaje profesional y su prestigio dentro de la profesión. La guerra en este organismo estará en la designación de un fiscal más de segunda categoría, a la que optan 17 candidatos (es el nombramiento más reñido), diez hombres y siete mujeres, entre los que el análisis de mérito y capacidad será verdaderamente complicado.

Los nombramientos del próximo martes se unen a dos casos recientes que la Asociación de Fiscales (AF) ha criticado con dureza por estar más acordes con los intereses personales de la fiscal general, que con los principios de mérito y capacidad o la idoneidad de los candidatos para esas plazas. El primero fue el de Eduardo Esteban al frente de la Unidad de Protección y Reforma de Menores, a propuesta de Delgado, que se ha impugnado ante el Supremo. También se recurrió recientemente el nombramiento del fiscal del Supremo Javier Zaragoza como refuerzo en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, que fue rechazado por la Fiscalía Antidroga y que, finalmente, quedó desactivado por la renuncia del propio Zaragoza.