Delgado 'se la juega' en unas elecciones marcadas por las últimas polémicas

Semana clave para Dolores Delgado. Su órgano asesor, el Consejo Fiscal, tiene este miércoles, 4 de mayo, una importante cita con las urnas. La carrera fiscal elige a los nuevos consejeros que asistirán a la fiscal general del Estado en asuntos de gran importancia relativos a la organización del Ministerio Público, los nombramientos de la cúpula fiscal, o la fijación de los criterios generales para garantizar una unidad de actuación. Unos comicios internos que están marcados por las últimas polémicas que han salpicado directamente a la imagen de la Fiscalía, como el 'caso Stampa' o las críticas por ascender a miembros de la asociación a la que pertenecía Delgado.

Las elecciones al Consejo Fiscal se celebran cada cuatro años, y al igual que los comicios políticos, los 15 candidatos pertenecientes a los tres asociaciones de fiscales realizan una campaña durante las semanas previas para defender su candidatura. La gran diferencia: los fiscales no pueden ni hacer actos públicos, ni usar los medios de comunicación para 'vender' su proyecto con el que pretenden cambiar el funcionamiento del Ministerio Público. En total, son nueve las plazas que se reservan a los vocales, que acompañaran a los dos miembros natos del órgano: la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde -que es el 'número dos' de la Fiscalía-, y la fiscal inspector jefe, Antonia Sanz Gaite, ambas nombradas durante el mandato de Delgado.

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En opinión de fuentes fiscales consultadas por La Información, juegan muchos factores a la hora de depositar el voto: la preferencia por un fiscal u otro; la cercanía y vinculación con el candidato; el programa que haya presentado; o la asociación a la que pertenezca. Precisamente sobre este último punto, algunas de las fuentes han señalado que las polémicas sobre la gestión de Delgado en los últimos meses también puede influir en el voto. La fiscal general del Estado ha recibido muchas críticas por proponer para ocupar altos cargos de la institución a fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que estaba asociada antes de convertirse en ministra de Justicia y posteriormente en la máxima representante del Ministerio Público.

Discrepancias entre las asociaciones

Recientemente, el Tribunal Supremo dejó sin efecto uno de sus nombramientos, el de Eduardo Esteban, como fiscal de Sala coordinador de Menores. Los magistrados dieron la razón a uno de los candidatos a este puesto, el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, que alegó falta de motivación. Muy crítica ha sido en este sentido la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria-, que ha llevado a los tribunales varios de los acuerdos de Delgado. Por un lado, acudió al Alto Tribunal por la elección del responsable de la mencionada fiscalía especializada, ahora anulado. 

Por otro lado, la AF ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la suspensión 'sine die' de la constitución de la Comisión Ética de la carrera fiscal, órgano independiente que marcará las pautas del Código Ético de los fiscales. Todo ello después de que todas las plazas de dicha Comisión fueran ocupadas por la asociación conservadora, lo que provocó una gran discusión entre las asociaciones de fiscales. La UPF y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se quejaron a la Junta Electoral creada para este proceso electoral que los fiscales conservadores habían incurrido en "irregularidades" por "continuar haciendo campaña a través de correo electrónico" una vez concluido el plazo para ello. 

Otro de los casos que la AF llevó a los tribunales fue el 'caso Stampa', después de que Delgado se negará entregar a los miembros del Consejo Fiscal el expediente que se abrió hace unos años al fiscal Ignacio Stampa, uno de los fiscales que impulsó la causa en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, por presuntamente revelar datos de esta macrocausa a una abogada que ejerce la acusación 'popular'. El órgano asesor debatió este asunto el pasado mes de noviembre por las sospechas de que el equipo más cercano a Delgado dilató el archivo del expediente para no conceder a dicho fiscal una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, en la que llevaba años desempeñando su función en comisión de servicios. Por todo ello, la UPF ha acusado a la asociación contraria de intentar "enturbiar la imagen de la institución", así como de querer "socavar a la Fiscalía General del Estado y al propio Consejo Fiscal" por llevar todas las desavenencias a los tribunales.

La importancia de los votos

Con este contexto presente, el número de votos es de vital importancia para las asociaciones. La AF, que ganó las elecciones hace cuatro años, aspira a mejorar el resultado de entonces, cuando obtuvo cinco vocales. Por su parte, la UPF busca, como mínimo, mantener su posición actual, pues sus cuatro vocales se unen a los votos de Delgado y a los de la teniente fiscal y la inspectora fiscal jefe, posicionándoles en mayoría. En cuanto a la APIF, confía en poder entrar por primera vez en el órgano asesor de la Fiscalía General del Estado. 

Además de asesorar y establecer los criterios generales de actuación para los cerca de 2.500 fiscales, el Consejo Fiscal también tiene entre sus funciones resolver expedientes disciplinarios, de mérito e incompatibilidades; conocer los planes anuales de la inspección fiscal; informar sobre los proyectos de ley del Gobierno; e instar a realizar reformas para mejorar el servicio y ejercicio de la función fiscal, entre otros cometidos. Asimismo, también debe informar sobre la propuesta de nombramiento de diversos cargos en el Ministerio Fiscal, que será uno de los primeros asuntos que tocarán los nuevos fiscales, pues en julio vence el mandato de uno de las jefaturas clave de la Fiscalía, el de Anticorrupción, que ahora mismo ocupa Alejandro Luzón. Cabe recordar que la opinión de los vocales son preceptivos pero no vinculantes, pues la fiscal general tiene la última palabra en todos los asuntos.