Podemos afronta una demanda civil por el resultado de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal, conocida como Vistalegre III, en la que fue reelegido Pablo Iglesias. El que fuera su rival en esas primarias, Fernando Barredo, ha presentado una demanda en los juzgados de Madrid en la que pide que se anulen los resultados de esta votación, que se celebró en mayo, por supuesto fraude en el proceso electoral y que se repita el proceso respetando lo contenido en el Código Ético de la Formación Morada.
De acuerdo con el texto, que se ha presentado este mismo lunes y al que ha tenido acceso La Información, el proceso tendría que declararse "nulo" desde su convocatoria hasta el resultado final porque, según denuncian, se habría alterado desde la cúpula del partido "invisibilizando a la competencia y condicionando los tiempos y requisitos". La demanda, redactada por la abogada y candidata de la formación Izquierda en Positivo para las elecciones autonómicas catalanas, Celia Cánovas, recoge que se han endurecido los requisitos del aval de los candidatos en el reglamento creado 'ad hoc' para Vistalegre III con la finalidad de poner "más dificultades a los candidatos no oficialistas".
Barredo, que fue líder de la candidatura 'Nuevo Impulso', explica en el texto que el equipo técnico nunca debió aceptar la lista de Iglesias (que contaba con 85 integrantes) porque incumplía el Código Ético. En concreto, expuso que el vicepresidente segundo del Gobierno, además de la ministra de Igualdad, Irene Montero, Ione Belarra y Noelia Vera Ruiz, ocupaban dos cargos institucionales (en referencia a sus puestos en el Ejecutivo de coalición) y un cargo orgánico dentro de Podemos. Según razona, superaban lo estipulado en el Código Ético de Podemos y, lejos de anularse, el equipo técnico habría dado luz verde porque estaba compuesto "íntegramente" por miembros de la candidatura de Iglesias.
Anexo "sacado de la manga"
La segunda de las irregularidades, según destacan, reside en la redacción de un anexo "sacado de la manga" que permitía cambios en las candidaturas sin alterar lo fundamental. "Es una contradicción en sí mismo pues, por un lado, establece que no se puede alterar lo fundamental ni constituirse nueva lista pero, por otro, posibilita cambios en dichas candidaturas", reza el denunciante, el cual añade que se modificó el número de integrantes del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos pasando de 84 a la cifra de 89. "¿Cómo se entiende que, sin ser aún ganador el documento se imponga lo que en él se dice? (...). La respuesta es muy sencilla y fácil: saben que va a ganar esa candidatura y eso no es que sea sospechoso, es confirmatorio de la maniobra fraudulenta que habían puesto en marcha", agrega.
El cambio de estas normas previas a la celebración de Vistalegre III lo achaca a que el censo se reabrió "en silencio" entre los meses de marzo y abril pese a que el Reglamento obligaba a cerrarlo el 1 de marzo. Alega que este movimiento se produjo con el fin de inventar nuevas reglas -como la de que se pudieran sumar más candidatos aún sin contar con los avales exigidos- que generó una desventaja entre los que se postulaban a suceder a Iglesias al frente de la secretaría general del partido. "La Dirección del partido cometió una grave irregularidad que fue mantener abierto el censo de inscritos y votantes en secreto (...) lo cual supuso, no solo la vulneración del Reglamento, sino una infracción grosera de las reglas de la buena fe y del principio de igualdad de oportunidades", añade la demanda.
Denuncia en Anticorrupción
La exsenadora de Podemos explica en el escrito que, además de esta nueva vía judicial, Barredo ya interpuso el pasado mes de julio una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El también exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha la amplió en septiembre a raíz de una carta anónima recibida por distintos dirigentes y candidatos de Podemos en la que se describía el presunto fraude cometido en los últimos procesos electorales. Se trata de documental que ahora aporta a la demanda civil y entre la que se incluye, además, la sentencia dictada el pasado 28 de diciembre por el Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid por el cual se acordaba la nulidad de las primaras celebradas en las municipales de Collado-Villalba.
"Ante esta novedosa situación judicial, mi representado ha visto confirmadas. aún más si cabe, sus sospechas y no puede pasar por alto estos gravísimos hechos a fin de que este juzgado los enjuicie y determine la nulidad del proceso electoral. El recuento de los votos ha dependido en todo momento de la adversa, a quien, a través de sus informáticos pueden alterar el censo de votantes a su antojo, conocer de antemano su voto y suprimirlo si el resultado no es favorable al apartado, aparte de que los candidatos que no son de la lista de Pablo Iglesias no conocen de antemano las personas que componen el censo ni ninguna de sus circunstancias", dicta la demanda.
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