Demandan al asesino de Marta del Castillo por impago de la comunidad

Sevilla, 16 sep.- La comunidad de propietarios del bloque de la calle León XIII de Sevilla, donde murió la joven Marta del Castillo, va a demandar en los tribunales a su asesino y propietario de la vivienda, Miguel Carcaño, por impago de las cuotas desde que ingresó en prisión.

Varios vecinos han informado hoy a Efe de que Carcaño no paga las cuotas ordinarias ni extraordinarias de la comunidad desde que ingresó en prisión, por lo que se han visto obligados a contratar a un bufete de abogados para que las reclame en los tribunales.

Esta medida se une a la demanda de ejecución hipotecaria presentada por el banco ante los tribunales de primera instancia contra Carcaño por el impago de las cuotas del crédito.

La vivienda fue propiedad de la madre de Carcaño y de su hermanastro, Javier Delgado, quienes también tuvieron cuotas pendientes de pago antes de la desaparición y muerte de Marta del Castillo, en enero de 2009.

Por esa muerte fue condenado a veinte años de cárcel Miguel Carcaño, en un veredicto pendiente de confirmar o revocar por parte del Tribunal Supremo, aunque su hermanastro resultó absuelto por falta de pruebas de complicidad en la desaparición del cuerpo de la víctima, que sigue sin aparecer.

Los vecinos consultados no han precisado las cantidades que reclaman, pero han afirmado que se refieren a todas las cuotas ordinarias y extraordinarias que Carcaño dejó de pagar desde que ingresó en prisión, en febrero de 2009.

Este piso, al igual que la pensión de orfandad de Carcaño, está embargado por orden judicial para pagar las indemnizaciones fijadas por la Audiencia de Sevilla en la sentencia del caso Marta: 140.000 euros a cada uno de los progenitores de la joven y 30.000 a cada una de sus dos hermanas.

El piso fue heredado por los dos hermanos pero ambos llegaron al acuerdo de que Miguel se quedaría con él y pagaría a su hermanastro la mitad que le correspondiera.

Las indemnizaciones están también pendientes de la resolución definitiva que emitirá en los próximos meses el Tribunal Supremo, ante quien la Fiscalía ha pedido que se confirme la pena de cárcel y se añada el pago de los 616.319 euros que costó buscar el cuerpo de Marta durante varios meses en el Guadalquivir y en un vertedero, y la defensa ha admitido una posible condena de 12 años y medio.