San Salvador, 9 may.- La negativa de la Justicia salvadoreña a extraditar a España a 13 militares acusados de la matanza en 1989 de seis sacerdotes y dos mujeres, demuestra que el Estado de El Salvador es "protector de criminales", afirmó hoy un organismo jesuita de derechos humanos.
"El Estado salvadoreño fue y sigue siendo protector de criminales", dijo en rueda de prensa el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, tras la decisión emitida anoche por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Cuéllar subrayó a Efe que "la negación de la extradición en el caso de los militares acusados de la muerte de los jesuitas y (sus colaboradoras) Julia Elba y Celina Ramos" es parte "de un esfuerzo estatal de proteger a los criminales, a los corruptos".
"Esta resolución confirma que hay una decisión de los poderes reales de este país de protegerse, y que hay un Estado secuestrado, capturado, para proteger estos poderes", subrayó.
Cuéllar lamentó en la rueda de prensa que El Salvador no haya actuado en reciprocidad con España en el cumplimiento del tratado bilateral de extradición.
El Salvador "solicita la extradición de un ciudadano español por cometer un delito y España lo manda, y no hay reciprocidad", señaló, en alusión al caso de Juan Torrents Tolosa, extraditado por su país el 26 de abril pasado por una acusación de estafa a un salvadoreño.
La CSJ denegó la solicitud de extradición de los 13 militares a España con el voto favorable de nueve de sus 15 miembros, confirmaron este miércoles fuentes de la CSJ a Efe, aunque no dieron detalles de la resolución.
En declaraciones publicadas hoy por la prensa local, un magistrado del Supremo, Ulices Guzmán, dijo que, de los otros seis jueces, tres no participaron en la deliberación y los otros no votaron.
Guzmán explicó que el fallo se fundamentó en que cuando se perpetró la masacre la Constitución salvadoreña impedía la extradición de ciudadanos nacionales, y las reformas que la permiten fueron posteriores.
El Salvador recibió el 12 de enero pasado la solicitud de extradición de los 13 militares enviada por el Gobierno de España a petición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
Esos militares son parte de los 15 cuya extradición solicitó Velasco (los otros dos viven en Estados Unidos), de los 20 sospechosos de participar en el asesinato de los sacerdotes en un asalto a la Universidad Centroamericana en 1989.
Los hechos por los que son acusados en España ocurrieron el 16 de noviembre de 1989, cuando soldados del Ejército salvadoreño entraron en la sede universitaria y mataron a los seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y uno salvadoreño.
También fueron asesinadas la cocinera Julia Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años.
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