Nuevo episodio del caso del Grado en Criminología de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que cursaron doscientos jefes de la Policía Nacional y que ha llegado a la Fiscalía, tal y como adelantó La Información. El sindicato que presentó la denuncia, Alternativa Sindical de Policía (ASP), pide ahora al rector del centro, Javier Ramos López, que dé a conocer toda la información relativa al polémico convenio que firmaron en 2013 y que se prolongó hasta 2015. El sindicato policial considera que el cursos es "insuficiente a todas luces para ser considerado título oficial de nivel universitario".
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En el escrito presentado ante el Registro autonómico, ASP solicita que, en aplicación de la Ley de Transparencia de 2013, se haga pública dicha información que no está disponible en el portal del centro. Esta legislación obliga a los gestores públicos a difundir todos los datos y convenios suscritos por la universidad, y -añade- en la ley también se recogen "las consecuencias derivadas de su incumplimiento". La Rey Juan Carlos, como universidad pública, está convenientemente sujeta a esta Ley de Transparencia.
ASP alude en su documento que los organismo públicos están obligados a publicar "de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública". El sindicato se queja de que no existe información sobre el polémico Grado en Criminología y que la URJC y que no ha explicado cómo funcionaba el controvertido sistema de "convalidación de estudios policiales para la obtención del título de grado, realizando un curso online de un año con un total de 60 créditos", cuando lo habitual es conseguir esa titulación en cuatro cursos.
El sindicato, que cuenta con un representante en el Consejo de Policía, también alude a la Ley de ordenación de enseñanzas universitarias donde se recoge que "el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia, profesional o laboral, y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios".
La Rey Juan Carlos hacía la selección de alumnos
En el documento oficial de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional en el que se explicaba la normativa del Grado en Criminología de la Rey Juan Carlos se recogía que los interesados en obtener dicho título debían enviar al Centro de Altos Estudios Policiales la siguiente documentación: un impreso de solicitud de reconocimiento de créditos relleno, la prueba válida de acceso a la universidad, el certificado que acredita haber superado el curso de ascenso a la escala ejecutiva especificando la edición y materias cursadas, un currículum vitae y una fotocopia del DNI.
Esta documentación era, posteriormente, revisada por la "Subcomisión de Convalidaciones del Grado en Criminología" de la Universidad Rey Carlos, el órgano encargado de comunicar a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía quiénes eran los alumnos seleccionados para que pudieran proceder a efectuar la matrícula.
Tras la denuncia recibida el Ministerio de Educación decidió anular el Grado en Criminología de la URJC y dar por concluido el convenio de colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la universidad. Solo hubo dos promociones de cien alumnos cada una. Sin embargo, pese a observar que había alguna sospecha de irregularidad, el Ministerio sigue dando por válidos los títulos exprés que se expedieron en los años 2014 y 2015 en la polémica Universidad Rey Juan Carlos.
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