Asunción, 8 oct.- La defensa de los campesinos detenidos por la masacre que le costó la Presidencia a Fernando Lugo en Paraguay presentó hoy una serie de denuncias ante la Fiscalía, entre ellas una contra el jefe de Estado, Federico Franco, por la presunta violación del derecho procesal.
El abogado español Aitor Martínez, que asesora al equipo defensor de once de los 15 labradores detenidos tras la matanza, informó a Efe telefónicamente sobre la presentación de esas denuncias ante la Fiscalía de Curuguaty (noreste).
Seis policías y once campesinos murieron y un centenar de personas quedaron heridas el 15 de junio pasado en una operación policial de desalojo de "sin tierras" en una finca cuya propiedad se disputaban el recientemente fallecido empresario y político "colorado" Blas N. Riquelme y el Estado, en Curuguaty.
Este suceso derivó una semana después en la destitución de Lugo en un juicio político, tras perder el apoyo de sus socios liberales.
Las denuncias presentadas hoy buscan que la Fiscalía investigue la presunta comisión de los delitos de omisión de auxilio, detención arbitraria, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las que posiblemente incurrieron los organismos de seguridad durante el desalojo, detalló el abogado.
Presentaron también una denuncia contra Franco por violación del derecho procesal, ya que "deslegitimó a la defensa" al calificar el pasado jueves de "antología del disparate" el informe en el que ésta planteó las líneas de investigación desatendidas por la Fiscalía.
Además, la defensa censuró al presidente por llamar "asesino" al principal acusado por estos hechos, el líder campesino Rubén Villalba, negando la presunción de inocencia a una persona que aún no ha sido enjuiciada.
Un equipo jurídico de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICP) ha asumido la defensa de once de los 15 detenidos por los hechos de Curuguaty,
En su presentación hoy ante la Fiscalía, el equipo defensor también denunció que se incluyó como prueba en la causa una escopeta que había sido hallada el 25 de junio y denunciada como robada dos días antes, mucho después de la masacre.
Martínez censuró que los abogados defensores no pudieron acceder hoy a la acusación para corroborar si ha sido actualizada, ya que el fiscal, Jalil Rachid, se trasladó a Asunción y se llevó consigo esos documentos.
Esto motivó que la defensa realizara una queja ante el despacho del juez de garantías de Curuguaty, José Benítez, quien tampoco se encontraba hoy en esa localidad, según la fuente.
La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, presentado la semana pasada, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados" en Curuguaty.
Medio centenar de campesinos, la mayoría prófugos, fueron imputados en la causa por homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros delitos.
El fiscal descartó las versiones de la actuación en el hecho de francotiradores entrenados, aunque la PEICP sostuvo que hay pruebas de audio del empleo de fusiles automáticos y que sólo esas armas disparadas por "expertos tiradores" pudieron ser las que abatieron a los policías, con "disparos certeros en la cabeza y el cuello".
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