Denuncian ante CIDH represión sin precedentes en protestas sociales Colombia

  • Asociaciones campesinas y de la sociedad civil de Colombia denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las protestas que han tenido lugar en los últimos meses en el país andino han sufrido los niveles de represión más altos de su historia reciente.

Washington, 31 oct.- Asociaciones campesinas y de la sociedad civil de Colombia denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las protestas que han tenido lugar en los últimos meses en el país andino han sufrido los niveles de represión más altos de su historia reciente.

Franklin Castañedo, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, explicó ante los comisionados que las protestas sociales que han sacudido Colombia este año tenían un carácter pacífico y, aunque muchas de ellas habían sido precedidas de reuniones con el Gobierno nacional, fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad con un uso excesivo de la fuerza.

Castañedo denunció la muerte de un total de 15 personas durante los periodos de protesta, doce de ellas por armas de fuego.

"Hemos sufrido un proceso de estigmatización" y en algunos lugares llegó a haber "toque de queda de facto", apuntó, al insistir en que la fuerza pública colombiana incurrió en comportamientos irregulares para mantener el orden en las protestas.

"El año pasado 600 personas fueron arrestadas en Colombia en el marco de la protesta social, este año ya son más de 3000", apuntó.

Luz Stella Aponte, de la Asociación de Campesinos de la región del Catatumbo, relató lo ocurrido el pasado julio en esa zona del país, donde comenzaron las protestas campesinas que fueron extendiéndose a otros sectores sociales y geográficos de Colombia.

Según relató, mantuvieron 53 días de protesta durante los cuales hubo cuatro intentos de diálogo con el Gobierno.

"Mientras tanto 200 personas fueron heridas de gravedad, sufrieron tentativa de homicidio y cuatro fueron víctimas de homicidio", dijo.

"Hoy tememos por nuestras vidas, hay estigmatización pero, a parte de eso, la paramilitarización de la zona es una realidad, por mucho que lo niegue el Gobierno", añadió.

Las asociaciones peticionarias afirmaron que durante los paros minero, agrario y las protestas en el Catatumbo y por parte de comunidades 15 indígenas fueron asesinados, más de 800 personas resultaron heridas y cerca de 3.000 fueron encarceladas.

Por su parte, los representantes del Estado colombiano rechazaron cualquier tipo de episodio de violencia dentro de un contexto de protesta social, pero alegaron también que los disturbios fueron producto de la intransigencia de los manifestantes.

"Lamentamos profundamente cada una de esas muertes. No debían haber ocurrido, ninguna. (...) No podemos entender el uso de armas dentro en una protesta pacífica, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en estos años que estamos construyendo un nuevo país, para que esas diferencias se terminen", dijo el representante colombiano ante la OEA, el embajador Andrés González.

"El uso de la fuerza únicamente se utilizó cuando las protestas estaban vulnerando los derechos de otros ciudadanos", argumentó el vice ministro de Defensa Jorge Enrique Bedoya.

"Nosotros respetamos la protesta pacífica. Pero en ciertos casos fue necesario el uso de la fuerza para contener a los terroristas que se infiltran entre los manifestantes. Tiraron tatucos, papas bomba y hasta materia fecal. No se trató solo de campesinos sino de personas que causaron una violencia extrema", denunció Bedoya.

Tanto los peticionarios como la delegación del Estado mostraron vídeos donde podía observarse a manifestantes siendo agredidos por las fuerzas públicas y viceversa.

El comisionado José de Jesús Orozco, presidente de la audiencia, solicitó que se investiguen los hechos y que se castiguen a los causantes de los episodios de violencia, y advirtió de los peligros de los procesos de estigmatización social.

Orozco manifestó una profunda preocupación por los episodios de uso desproporcionado de la fuerza y por la "criminalización" de las protestas, e instó a ambas partes a aportar más información sobre los enfrentamientos.

Mostrar comentarios