"No se está dotando de suficientes equipos de protección individual (guantes y protecciones respiratorias adecuadas a su nivel de riesgo) a los profesionales de los departamentos que realizan tareas de atención al público y a otros empleados de forma directa, o que manipulan equipos y materiales utilizados por otros funcionarios", "no se han adoptado medidas de barrera en puestos de atención al público", "no se está respetando la medida de protección colectiva de distanciamiento de dos metros en ciertos despachos compartidos", "no se está favoreciendo la realización de test a los contactos de casos posibles, sospechosos o confirmados"; éstas son algunas de las graves lagunas en la prevención de contagios por coronavirus en la operativa cotidiana de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y en los ministerios de Sanidad y Consumo, que pone de manifiesto un demoledor informe sobre el asunto elaborado por la delegada de Prevención del sindicato CSIF, Olivia Castillo, y elevado para su conocimiento a los principales responsables de esos departamentos.
El sindicato mayoritario en el ámbito de la Administración General del Estado decidió realizar este análisis de situación tras la aparición de una serie de informaciones periodísticas que apuntaban a la existencia de un número significativo de casos de coronavirus en los ministerios dirigidos por Salvador Illa y Pablo Iglesias, que además no habían sido comunicados a los delegados de prevención de riesgos de esos departamentos. Así lo pusieron de manifiesto los representantes de CSIF, UGT y CCOO en un comunicado conjunto en el que acusaban a los tres ministerios de ocultar de forma deliberada esos casos y de poner en riesgo al personal de los ministerios.
El diagnóstico realizado sobre la operativa interna de dos de los ministerios más concernidos dentro de la estrategia de prevención y actuación gubernamental contra el Covid-19 es inquietante. El informe concluye que los tres ministerios analizados incumplen el plan de prevención de riesgos laborales y contravienen el Procedimiento para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus elaborado por el propio Ministerio de Sanidad. Los motivos se refieren a lo antes mencionado: principalmente, a la escasez de EPI para los trabajadores de los ministerios y la falta de adecuación para su nivel de exposición al riesgo. En este sentido, apuntan de forma directa a la situación del personal de atención al público y al que tiene contacto directo con equipo y materiales manipulados por compañeros, "algunos con casos posibles o sospechosos".
El informe de la delegada de prevención en esos ministerios -donde el comité de prevención todavía es compartido al no haberse adaptado a la escisión derivada de la configuración del nuevo gobierno- también pone de manifiesto el incumplimiento de los protocolos de distanciamiento. Denuncia que no se habilitaron barreras en los puestos de atención al público, como se preveía en los protocolos, ni se hicieron cumplir las medidas de protección compartida de garantizar los dos metros de separación en los despachos compartidos.
CSIF denuncia asimismo la escasez de materiales de protección, como hidrogeles, en los ministerios, y el no sometimiento a test de detección "a los contactos de casos posibles, sospechosos o confirmados". Ante semejantes carencias, la delegada de prevención del sindicato exige dotación de equipos de protección "adecuados y suficientes", intensificación de los turnos de limpieza y desinfección de las instalaciones, aplicación rigurosa de la regla de distanciamiento de dos metros para todo el personal que tenga que desempeñar sus funciones de manera presencial y el paso automático a situación de cuarentena para todos los casos probables y sospechosos de coronavirus, acompañada de la consiguiente realización de los test de prevención.
Los ministerios aseguran que han cumplido con los protocolos
La respuesta de la Subdirección General de Recursos Humanos que se encarga de la gestión de la prevención en los tres ministerios señalados en el informe de CSIF rechaza una a una las lagunas de prevención puestas de manifiesto en el mismo, si bien lo hace de una forma un tanto singular. Por ejemplo, respecto a la supuesta carencia de EPI y la falta de adecuación de los mismos que denuncia el informe, asegura que desde la Oficialía Mayor les aseguran que se han facilitado equipos de protección "a cuantas personas lo han solicitado", es decir, a demanda de los trabajadores; y que "con carácter general", sin entrar en más detalles, estos constaban de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico. Nada se dice de la adecuación de estos equipos a la exposición de cada trabajador.
La respuesta a las acusaciones de incumplimiento de los protocolos de distanciamiento tampoco es mucho más concreta. Se sustancia diciendo que desde el día 18 de marzo "no se está prestando servicio presencial de atención al público", aunque el estado de alarma se implantara el 14 de marzo, y que se siguen "el resto de medidas de distancia entre personas". ¿Y en los despachos? Recursos Humanos considera que todo está bien porque la Oficialía Mayor les ha informado de que "hay suficiente distancia de seguridad entre los trabajadores".
También rechaza las denuncias respecto a los pocos test realizados. La Subdirección de RRHH que se encarga de los tres ministerios señalados señala que desde el día 24 de marzo -un día después del escrito sindical que reveló la existencia de casos no reportados en esos ministerios- se están realizando test a todas las personas sintomáticas que trabajan en los departamentos...que así lo solicitan. Un matiz importante que parece indicar que lo hacen, una vez más, a demanda. Además, nada se dice de la existencia de controles sobre trabajadores asintomáticos que han podido estar en contacto con algún contagiado o sospechoso de Covid-19.
La Subdirección de Recursos Humanos, no obstante, admite que es posible que la información de que disponen sea limitada por la situación de aislamiento y por el hecho de que buena parte de la plantilla lleva ya tiempo llevando a cabo su trabajo desde el domicilio. "Es probable que no se cuente con toda la información necesaria y precisa", reconocen
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