Montevideo, 1 nov.- La delegación argentina en la CARU bloqueó la difusión de tres informes de laboratorios canadienses sobre los efluentes que vuelca al río Uruguay la planta de celulosa de la empresa UPM (ex Botnia) que fue motivo de un largo litigio entre ambos países, confirmaron hoy fuentes oficiales.
Cinco muestras de aguas del río Uruguay tomadas en las proximidades de UPM fueron enviadas a dos laboratorios de Canadá y tres de ellas ya fueron analizadas y sus resultados enviados a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Los resultados deben ser interpretados por un comité científico integrado por cuatro técnicos de ambos países y posteriormente difundidos por la CARU, pero la delegación argentina "bloqueó" tal posibilidad, dijo a Efe el exvicepresidente uruguayo Luis Hierro López, uno e los integrantes de la comisión.
La representación de Argentina en la CARU puso como argumento para postergar la difusión de los informes que se resuelva previamente una objeción que presentó tiempo atrás al tratamiento que se hace de las aguas que vierte la planta de celulosa al río Uruguay.
Los efluentes se enfriaban con agua del propio río Uruguay, pero la delegación Argentina criticó ese procedimiento. Ahora el vertido sale a 32 grados, lo que está permitido por la legislación uruguaya pero la objeción se mantiene, agregó Hierro López.
El exvicepresidente estimó que "debe haber una conversación y acuerdo entre de los cancilleres" Luis Almagro, de Uruguay, y Héctor Timerman, de Argentina, para que se ponga fin al bloqueo de la difusión de los informes.
La delegación uruguaya en la CARU propone que los informes de los laboratorios canadienses sobre el estado de las aguas del río Uruguay, tras ser analizados por el comité científico binacional, "se difundan de manera periódica y sin que las cuestiones políticas puedan influir", destacó.
Hierro López adelantó su "esperanza" de que la solución pueda llegar antes del 21 de noviembre, fecha de la próxima reunión plenaria de la CARU.
La construcción de la planta de celulosa de la finlandesa UPM (ex Botnia) en la orilla uruguaya del limítrofe río Uruguay derivó en la peor crisis en décadas entre ambos países y en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
En su fallo, la CIJ señaló que el gobierno uruguayo incumplió acuerdos internacionales al no informar en detalle al argentino sobre el proyecto pero no encontró indicios de supuesta contaminación del medio ambiente, como argumentaban las autoridades de Buenos Aires, y determinó que la planta puede seguir funcionando con controles periódicos de técnicos de ambos países.
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