Por prevaricación y lesiones imprudentes

Objetivo 8-M: el azote de Sánchez actúa contra todos los delegados del Gobierno

  • El abogado Víctor Valladares denunciará a los altos cargos de las comunidades para pedir que se les investigue en sus respectivos territorios.
Huelga 8-M
Huelga 8-M
Efe

La deriva judicial que sigue un juzgado de instrucción contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, amenaza con alcanzar también a sus homólogos del resto de comunidades autónomas. El abogado que denunció a Franco por delito de prevaricación actuará contra los representantes del Gobierno de las 18 comunidades restantes al considerar que prevaricaron permitiendo la celebración de manifestaciones como la del 8-M, pese a las advertencias de Europa sobre la amenaza del coronavirus. 

El letrado Víctor Valladares presentó en el juzgado de guardia el pasado 19 de marzo una denuncia a título particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de delegados del Gobierno dependientes del Ejecutivo socialista. Tras su reparto, la denuncia recayó en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, a cuyo frente se encuentra la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, también instructora del famoso 'caso máster'. La juez decidió admitirla a trámite aunque únicamente contra Franco dado que no tiene competencias respecto al resto de denunciados. 

De hecho, en su auto le recordó que si quería actuar contra el presidente del Ejecutivo tendría que hacerlo en el Tribunal Supremo por su condición de aforado. Del mismo modo, le aclaró que, en lo que respecta al resto de altos cargos, debía presentar las denuncias en los juzgados que sean territorialmente competentes. En respuesta, Valladares interpuso la pasada semana denuncia contra Sánchez en el alto tribunal por vía telemática y la amplió acusándole no solo por prevaricación sino también por el delito de lesiones por imprudencia profesional después de que la magistrada añadiera ese tipo penal sus diligencias. 

Advertencias de Europa

Según ha podido saber este periódico, ahora hará lo propio contra todos los delegados del Gobierno del territorio nacional, incluida la delegada de Cantabria, Ainoa Quiñones, la cual no incluyó en la lista por error. La magistrada Rodríguez-Medel se sorprendió de que no formulara acusación contra la política y así lo plasmó en su auto puesto que en el escrito recogía todas las marchas que tuvieron lugar a principios de marzo en Santander. A falta de conocer el recorrido que tendrán dichas acciones en el resto de tribunales españoles, la magistrada de Madrid que incoó diligencias lo hizo, según expuso, porque existen evidencias de que se podría haber cometido delito permitiendo la celebración de las manifestaciones de marzo. 

Por eso, Rodríguez-Medel puso el foco en las manifestaciones que acogió la capital entre los días 5 y 14 de marzo y pidió una batería de diligencias a Guardia Civil y médico forense en aras a dilucidar si con ellas se pudo causar un riesgo evidente para la salud. Aunque desde el punto de vista jurídico se estudiarán todas las marchas, la que más repercusión ha tenido en el ámbito político fue la del Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de marzo y que, solo en Madrid, aglutinó a un total de 120.000 personas. 

El denunciante expone que ya el 2 de marzo el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades remitió un informe a todos los estados miembro en el que aconsejaba "considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales". "Pese a ello, seis días después se permitió por las correspondientes Delegaciones del Gobierno, auspiciadas bajo el poder de la Administración Central, la celebración de multitudinarias manifestaciones (...) a las que acudieron millares de personas y con la anuencia sin que existiera indicación alguna por parte del Gobierno central para la prohibición de manifestaciones",  reza la denuncia. 

Pendiente del Supremo

En su escrito presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el abogado también incluyó otro informe elaborado por el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón del pasado 10 de febrero.  El documento, que se actualizó el 6 de marzo, de dejaba patente la falta de información que había hasta la fecha en España acerca del coronavirus y su peligrosidad, aunque se hacía eco de las recomendaciones plasmadas por la OMS y aconsejaba "llevar a cabo las precauciones estándar para reducir la exposición y la transmisión de múltiples enfermedades". Es por ello que, en la denuncia contra Sánchez se solicitó también la testifical de Simón además de la de una decena de técnicos que participaron en la redacción del dossier. 

Aunque el Gobierno pide unidad de la oposición política y de la ciudadanía para afrontar la grave crisis que ya se ha sumado la vida de más de 9.000 personas solo en España, son muchos los frentes judiciales a los que se enfrenta la administración por la gestión de esta situación inusual que llevó al Ejecutivo a declarar el estado de alarma. De hecho, a esta denuncia hay que sumar la presentación de numerosas querellas recientemente por parte de sindicatos médicos y de policía en las que pedían al juzgado que obligara al Ejecutivo a adoptar con carácter de urgencia las medidas necesarias para proveerles de material de protección a los sanitarios.

En la historia de España no hay muchos precedentes de condena a una administración, aunque existe un antecedente que puede acabar presentando paralelismos con la responsabilidad que se le exige ahora al Gobierno de Pedro Sánchez. En el año 1997 el Tribunal Supremo condenó a la Administración como responsable civil subsidiaria a indemnizar a todas las víctimas intoxicadas años antes con la ingesta del aceite de colza desnaturalizado. Los magistrados del alto tribunal concluyeron que el Estado tenía que ser condenado no porque obrara con mala fe queriendo causar un daño, sino porque conocía los riesgos y no logró evitar la tragedia que se llevó por delante la vida de varios miles de personas. 

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