Parecía que el robo de la tarjeta de Dina Bousselham iba a ser el principal frente abierto en los tribunales para Pablo Iglesias pero la decisión del juez José Escalonilla de investigar una denuncia contra Podemos por presunta malversación ha complicado el horizonte de la formación morada. A estas nuevas diligencias, que incluirá la toma de declaraciones desde la próxima semana, se suma el presumible cierre del caso abierto también en un juzgado de Madrid por presunto acoso a Marta Flor por parte de otro excompañero del equipo jurídico.
Se trata del abogado José Manuel Calvente, el cual acabó siendo despedido de la formación tras los rifirrafes mantenidos con Flor y las denuncias de presuntos sobresueldos dentro de partido. Así pues, el papel de Calvente va a ser clave tanto en uno como en otro litigio. En lo relativo a la querella que le interpuso Marta Flor por presunto acoso laboral, sexual, hostigamiento y coacciones, la Fiscalía ya se ha pronunciado y lo ha hecho pidiendo el archivo de la causa. El asunto está en manos de la magistrada Rosa María Freire (instructora del caso de los ordenadores de Bárcenas) la cual tendrá que decidir si atiende el criterio del Ministerio Público o mantiene abiertas las diligencias abiertas contra Calvente.
En cualquier caso es una cuestión que no se ciñe a lo ocurrido entre ambos ya que desató una guerra interna dentro del equipo jurídico del partido que terminó con la expulsión de Calvente y de la también abogada Mónica Carmona. Ante estos hechos, el propio Iglesias se posicionó a favor de Marta Flor -la cual le ha defendido en el caso Villarejo- y retó a los despedidos a acudir a los tribunales. Calvente, por su parte, aportó en esta causa abierta contra él un conjunto de mensajes y correos electrónicos de las conversaciones mantenidas con Flor las cuáles, a juicio del fiscal, no llevan aparejado la comisión de ningún delito. Además, en su declaración en sede judicial, se refirió a los nexos de Flor con un fiscal del Caso Villarejo asegurando que ella quería pasarle un informe del partido que era confidencial y que éste se negó.
Las denuncias de Calvente
Precisamente los vínculos de Flor con uno de los fiscales de Tándem llevaron a Calvente a enviar un burofax a la cúpula de la formación advirtiendo de esta situación, tal y como adelantó La Información en enero. Sin embargo, el letrado no solo vinculó su despido a las acusaciones de acoso laboral de su excompañera, ya que también amagó con la existencia de una presunta caja 'b' en la formación. De hecho, el juzgado de instrucción número 42 de Madrid ya tiene en su poder esta denuncia en la que no solo implica al partido sino que también a otros dirigentes como Rafa Mayoral. Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que la misma la presentó el abogado en un juzgado de Cataluña por una serie de delitos, entre ellos malversación y administración desleal.
Sin embargo, se inhibió en favor de Madrid y tras el reparto correspondiente ha recaído en el juzgado del que es titular el magistrado Escalonilla. Así pues, y a falta de contar con el informe del Ministerio Fiscal, ha citado a declarar al propio Calvente el próximo miércoles 29 de julio para que se ratifique en los hechos plasmados en su denuncia. Además, según informa El Confidencial, también ha librado oficio a la unidad policial adscrita a los juzgados de Plaza Castilla para que investigue la donación de 50.000 euros desde la caja de solidaridad del partido a una plataforma de identidad desconocida, ante la sospecha de que esos fondos en realidad podrían haber ido a parar a un asesor del partido en el Parlamento Europeo.
La tercera pata de la historia es la relativa a la pieza décima del caso Tándem. La incógnita que envuelve el presunto robo de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham sigue investigándose en la Audiencia Nacional. El magistrado Manuel García Castellón acordó una batería de diligencias tras escuchar en sede judicial en mayo a la exasesora de Podemos. Las confesiones de Bousselham acerca de que recibió la SD de su dispositivo de manos de Pablo Iglesias y completamente ilegible llevó al magistrado a pedir la intervención de la Policía científica, para que acotara las causas y el momento en que se produjo el destrozo de esta tarjeta ya que los hechos podrían ser constitutivos de delito de daños informáticos.
Mientras tanto, excluyó a Iglesias de la pieza -en la que figuraba como perjudicado- y advirtió a Dina que tenía que cambiar de defensa letrada puesto que Marta Flor no podía ser abogada de ambos. La jugada se produjo al revés: fue Iglesias el que cambió de abogado, apostando por Raúl Maíllo mientras su exasesora se quedó bajo el paraguas de Flor. Por el momento, Iglesias está a la espera de saber si la Sala de lo Penal respalda al instructor y le mantiene fuera del caso o le da la razón. Sea como fuere, la aparición de nuevos mensajes de texto internos de la formación y recogidos por el diario El Mundo apuntan que no se produjo el robo como tal. Una tesis que ya adelantó Villarejo en su declaración ante el juez cuando abrieron esta décima pieza del caso Tándem en marzo de 2019.
