Martes, 20.08.2019 - 08:27 h

Denuncias electrónicas, equipos ROCA y caballería para atajar robos en campo

El despliegue de equipos "ROCA" de la Guardia Civil -especializados en robos en el campo-, y del escuadrón de caballería y agentes del Seprona, y un sistema de denuncias por Internet son algunos de los instrumentos del nuevo Plan contra las sustracciones en instalaciones agrícolas y ganaderas 2013.

Madrid, 25 oct.- El despliegue de equipos "ROCA" de la Guardia Civil -especializados en robos en el campo-, y del escuadrón de caballería y agentes del Seprona, y un sistema de denuncias por Internet son algunos de los instrumentos del nuevo Plan contra las sustracciones en instalaciones agrícolas y ganaderas 2013.

Un ambicioso plan presentado hoy en rueda de prensa por los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, quienes previamente se han reunido con representantes de las organizaciones agrarias y ganaderas.

En virtud de este Plan, la Guardia Civil desplegará los nuevos equipos específicos denominados "Equipos ROCA" para la lucha contra los robos en el campo en las 15 provincias más afectadas: en total 55 equipos con 275 agentes de la Guardia Civil dedicados en exclusiva a este cometido.

Interior también mejorará la presencia policial con el despliegue del escuadrón de caballería de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, en las provincias con más problemas de este tipo.

La Guardia Civil implicará a las unidades del Seprona y se lanzará la aplicación de la denuncia electrónica en Internet para que los afectados puedan ponerse en contacto de inmediato con las fuerzas de seguridad ante un robo en sus propiedades.

En su intervención, Fernández Díaz ha destacado como objetivos esenciales del Plan -que revitaliza uno anterior, de 2011-, la puesta en marcha de equipos específicos de la Guardia Civil para reducir los delitos, especialmente en las zonas donde más se cometen, y mejorar la vigilancia y la comunicación con los afectados a nivel nacional, regional y local.

Ha destacado la implicación de agentes con motocicleta, caballería, Seprona o las agrupaciones de Tráfico, y la especial vigilancia en puntos como mercadillos o chatarrerías, y de los movimientos de transporte en las carreteras.

El ministro de Interior ha valorado la colaboración con las organizaciones agrarias, no sólo en cuanto a la denuncia electrónica, sino en el desarrollo de un mapa de cultivos y un sistema de geolocalización de fincas para facilitar la información sobre las explotaciones.

Arias Cañete ha resaltado, por su parte, el compromiso del Gobierno para atender las reivindicaciones de los agricultores.

En este sentido, ha recordado que el nuevo Código Penal, cuyo anteproyecto de ley aprobó el Consejo de Ministros del viernes, establece que robar productos agrarios o sus medios de producción pueda conllevar penas de uno a tres años de prisión, o de uno a cuatro cuando se utilizan armas o están implicadas asociaciones criminales.

A ello se suman penas de inhabilitación de entre dos y cinco años para establecimientos que vendan material robado o, incluso, la clausura definitiva de la empresa.

En 2012 se cometieron 15.234 delitos en el campo, en 15 provincias, que siendo las mas afectadas suman el 74 % de las infracciones; entre ellas, Valencia, con 1.441 delitos; Sevilla, con 1.306; Almería, con 1.150; y Toledo, con 965.

Sobre el perfil de los ladrones, la Guardia Civil apunta que son bandas organizadas que cometen delincuencia itinerante: salen del lugar donde viven, viajan por la noche hasta otras zonas distintas a las suyas, cometen los delitos y venden después en otras provincias diferentes a aquellas en las que han cometido los hurtos.

El número de robos en el campo continúa aumentando ligeramente pero este tipo de infracciones sólo representa el 2,5 % del total de la cifra de criminalidad en el ámbito de la Guardia Civil.

Desde que Interior puso en marcha el plan contra robos en el campo en abril de 2011 la Guardia Civil ha detenido e imputado a 1.170 personas en dicho año; 1.889 en 2012 y 1.489 hasta agosto de 2013.

Esta última cifra supone un incremento del 14,1 % respecto al periodo de enero a agosto de 2012.

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