Más de medio centenar de actuaciones

Las denuncias por saltarse el encierro y por falta de material copan los juzgados

  • Imperan las peticiones para dotar de equipamiento de protección a los sanitarios y las denuncias ante Fiscalía por las muertes en residencias. 
En Madrid el primer avión con material sanitario de Ayuso
En Madrid el primer avión con material sanitario de Ayuso

Los juzgados de toda España han tramitado más de medio centenar de actuaciones relacionadas con la ausencia de material sanitario y con el quebrantamiento del confinamiento desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Estos asuntos han copado las actuaciones de jueces de instrucción y de los Tribunales Superiores de Justicia además del Supremo y de la Audiencia Nacional pese a que desde hace cerca de un mes paralizaron toda la actividad judicial por orden del CGPJ, a excepción de la tramitación de los servicios esenciales. 

Según los datos que maneja el órgano de gobierno de jueces, Castilla y León es la comunidad autónoma que ha registrado un mayor número de actuaciones de este tipo, sumando hasta la fecha un total de 11 causas. Le siguen los juzgados de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Solo en Galicia se han tramitado siete denuncias contra ciudadanos que se saltaron el confinamiento, como ocurrió en la localidad coruñesa de Riveira. El juzgado de instrucción número 1 multó con 720 euros a un vecino del municipio por delito de desobediencia al saltarse hasta en ocho ocasiones las normas derivadas de la declaración del estado de alarma. 

Por contra, el portal de CGPJ no recoge actuación alguna relacionada con la crisis del coronavirus en un total de nueve comunidades, entre las que se encuentran Aragón, Extremadura, País Vasco, Navarra y Murcia. Hasta el momento se ha condenado a más de una decena de personas en todo el país por quebrantar la orden de confinamiento y se ha enviado a prisión a cinco personas por estos mismos hechos. Destaca el caso tramitado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia que ordenó cárcel sin fianza para un hombre que burló dos veces las restricciones de salida, se resistió a la Policía y escupió en la cara a un agente. 

Aunque no está relacionado directamente con el confinamiento, un juzgado de instrucción de Gandía condenó a medio año de prisión también por desobediencia a una mujer que desatendió las órdenes de la Policía e intentó entrar en un supermercado pese a que estaba fuera de su horario de apertura. No obstante, las carencias que han surgido por la crisis del coronavirus también han hecho que la Justicia actúe por buenos motivos. Es el caso de una empresa textil en Carcaixent (Valencia) a la que un juez autorizó para fabricar prendas de protección frente a la pandemia pese a estar en concurso de acreedores. 

La crisis sanitaria en los tribunales

Aunque si hay un asunto que se ha repetido en muchos juzgados del país es la petición de medidas cautelarísimas para proveer de material de protección en los sectores considerados esenciales. Apenas días después de que el Gobierno acordara suspender la actividad del país, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), sindicatos de la Policía Nacional o hasta Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada recurrieron ante la Justicia la falta de mascarillas, guantes y equipos necesarios para desarrollar su trabajo. Las actuaciones fueron dirigidas principalmente contra las Consejerías de Sanidad de cada territorio aunque también contra el Ministerio de Sanidad y del Interior. 

Es por ello que éstas no solo se han resuelto en los juzgados de instrucción de cada localidad. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional también han registrado peticiones de este tipo en las últimas cuatro semanas. Llama la atención cómo mientras algunos juzgados sí han admitido la petición de estas medidas por considerarlas fundamentales para su actividad, otros han declinado el requerimiento. El primer juzgado en dar luz verde a esta solicitud fue el de lo Social 31 de Madrid, el cual admitió la pretensión del sindicato madrileño de médicos AMYTS el pasado 25 de marzo. Por contra, el Tribunal Supremo tumbó hasta en dos ocasiones el mismo reclamo de CESM y otro juzgado de Madrid fue más allá denunciando que estos recursos se entendían más en "clave propagandística" entre sindicatos que como medida necesaria para combatir los estragos de la pandemia. 

La gestión del Gobierno por la crisis del coronavirus también ha tenido su derivada judicial. El pasado 25 de marzo un juzgado de Madrid admitió a trámite una denuncia contra el delegado del Gobierno en esta comunidad, José Manuel Franco, para investigar si se había cometido delito de prevaricación y lesiones imprudentes permitiendo la celebración de actos multitudinarios en los días previos a la declaración del estado de alarma, como fue el caso de la marcha del 8-M por el Día Internacional de la Mujer. 

Los bulos, ante la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado también ha gestionado denuncias de diversa índole, aunque destacan las registradas tras detectarse los primeros fallecimientos en las residencias de ancianos. De hecho, las dudas acerca de una mala gestión en muchos centros de mayores de todo el país llevó al órgano que dirige Dolores Delgado a recabar información de todos ellos en un primer lugar para posteriormente abrir diligencias que se centralizaron en la Fiscalía del Tribunal Supremo, si bien se han cerrado para que se sigan en las determinadas fiscalías provinciales. Así, las investigaciones continúan en la Comunidad de Madrid (donde la cifra de ancianos fallecidos supera las 4.200 muertes), Cataluña y Castilla y León.

Otro de los asuntos por los que la Fiscalía General ha registrado denuncias recientemente es el relativo a los bulos en Internet. Unidas Podemos pidió al Ministerio Público que investigara un vídeo falso que circulaba por las redes sociales en el que un camionero alertaba de que se llevaba material sanitario para Francia porque el Gobierno no lo quería. El material, en cuestión, resultó ser papel de oficina. Esta pasada semana interpusieron una segunda denuncia por la difusión de unas fotografías que recogen decenas de ataúdes en un almacén y que venían acompañadas en la parte superior de las siglas del PSOE.

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