María Teresa, de 82 años, su hija Mayte y sus dos nietas, menores de edad, fueron desahuciadas esta semana. Vivían en Fuenlabrada y no pudieron hacer frente a una deuda con una empresa prestamista. Su vivienda familiar figuraba como aval. Es una escena más de los decenas y decenas de alzamientos por impago que se vienen sucediendo en diferentes puntos del país desde que acabó el primer estado de alarma. Y todo ello pese a que, sobre el papel del BOE, el Gobierno prohibió los desahucios hasta el 31 de enero de 2021. Pero la ley tiene algún resquicio y los juzgados no paralizan los desahucios. Eso es lo que ahora se está negociando en el Consejo de Ministros: que durante el estado de alarma no se produzcan más casos como el de María Teresa y su familia.
La iniciativa la lleva Unidas Podemos. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, puso encima de la mesa hace unos días la necesidad de poner punto y final a los desahucios , ya sea en viviendas propiedad de bancos, fondos de inversión o, incluso, de particulares. Planteó una iniciativa concreta a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, máximo responsable en materia de vivienda. El plan, según explican fuentes gubernamentales, se está debatiendo con intensidad en el seno del Consejo de Ministros. Pero hay un problema de tiempos.
Los ministros de Unidas Podemos quieren que en el Consejo de Ministros del próximo martes, a no más tardar, se apruebe la medida, pero desde el otro sector del Gobierno se está contemporizando la decisión. Hay fuertes presiones a ambas facciones del Ejecutivo, de los sectores que defienden a inquilinos y las plataformas antidesahucios, por un lado, y de los grandes tenedores de vivienda, por otro. El problema es que la normativa en vigor es amplia y deja fuera a un número de importante de afectados. De esta forma en este momento no se puede desahuciar "a quienes paguen un alquiler / una renta y se encuentren desempleados debido a la crisis del Covid-19, a quienes hayan sufrido un ERTE, a quienes hayan visto reducida su jornada por cuidado de niños o personas mayores y a quienes se vean afectados por otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos". No son, por tanto, todos los afectados por impagos.
El debate interno se centra en elevar ese listón y prohibir cualquier desahucio cuando la familia afectada no tenga alternativa habitacional, ya se esté pagando una hipoteca o un alquiler. En ese sentido va dirigida la propuesta del sector morado del Gobierno. Plantean, en definitiva, que la prohibición de los desahucios no sólo afecte a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la Covid y que también abarque a las familias que antes de la pandemia ya se encontraban en una situación límite. "Pensamos que en pleno estado de alarma que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios", indicaron fuentes de la Vicepresidencia social.
Desde el área socialista del Gobierno aseguran que se está trabajando para completar el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. Hay algunos aspectos que, consideran, podrían reformarse. Lo admitió el propio Ábalos en el Congreso ante una imagen de un desahucio mostrada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Una de las opciones planteadas, añaden, pasa por reducir los llamados "supuestos de vulnerabilidad". Actualmente para evitar ser desahuciado, por ejemplo, se tiene que acreditar haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%. Ese porcentaje podrían variar y de ello se está debatiendo. Podría haber avances en cuestión de días, vaticinan.
El área de Unidas Podemos en el Gobierno propone, además, ampliar este veto total a los cortes de suministros. Están llegando amenazas en este sentido. Tal y como se contó en estas páginas, las empresas ya han amenazado a los clientes que no abonen de inmediato los recibos impagados acumulados durante la pandemia. En este asunto el escenario es diferente al de los desahucios. El Gobierno prohibió el desabastecimiento de estos servicios básicos en el marco del 'escudo social' para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los colectivos económicamente más vulnerables, pero el veto se levantó el pasado 30 de septiembre y las compañías tanto eléctricas como de agua y gas están empezando a reclamar las facturas de los últimos meses, avisando de que en caso de impago se procederá al corte del suministro en cuestión de días. Solo recuperando la prohibición se podrán prohibir estos cortes de cara al invierno.
La prohibición ampliada de los desahucios y de los cortes de suministros son dos medidas de un paquete de medidas que está preparando el Gobierno. Es una especie de "escudo social bis" o de "nueva red de seguridad". El objetivo es afianzar las medidas para ir acompañando a los más vulnerables en la evolución de la pandemia. Aún quedan varios meses por delante hasta las campañas de vacunación masivas y el Ejecutivo es conscientes de que va a tener que seguir ampliando o "acomodando" las decisiones al desarrollo de la enfermedad. Un plan ahora mismo que está cobrando especial relieve a nivel interno es el de ayudas a la hostelería y el turismo. Se está preparando un decreto que podría elevarse a Consejo de Ministros en cuestión de días. El mes de enero también se anticipa intenso con la renegociación de los ERTE.
El Gobierno también ha debatido el precio de las mascarillas. Hay una parte del mismo que considera que la rebaja, tanto del IVA como del tope máximo, llega tarde y que, incluso, es insuficiente. El Ministerio de Hacienda no consultó a la Comisión Europea hasta el pasado 6 de noviembre si podía acometer esa bajada en el impuesto como ya habían hecho países como Portugal. El departamento dirigido por María Jesús Montero eligió aplicar un IVA superreducido del 4% en lugar de dejarlo en cero. La decisión se aprobará este martes en Consejo de Ministros y supondrá que el precio de cada mascarilla quirúrgica se sitúe en el entorno de los 60 céntimos, como máximo. Hay algunos ministros que son partidarios de reducirlo aún más. Desde Hacienda aseguran que si la bajada del IVA no repercute en el precio final de las mascarillas revertirán la medida y aprobarán por decreto un nuevo tope máximo.
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