Debate en el seno del Gobierno de coalición para prohibir los desahucios de viviendas propiedad de bancos, fondos de inversión o, incluso, de particulares, y el corte de suministros básicos por parte de compañías en energéticas a familias en situación de vulnerabilidad mientras dure el actual estado de alarma. La medida ha sido puesta encima de la mesa por la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que, dirigida por Pablo Iglesias en esta nueva batalla interna, está intentando convencer al presidente, Pedro Sánchez, y al área económica del Ejecutivo, con Nadia Calviño y María Jesús Montero a la cabeza, para acabar con estas escenas que se producen por impagos. Los alzamientos, con niños de por medio incluso, se suceden semana tras semana y el área de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros considera que es momento de acabar con ellas.
Prohibir los desalojos de familias podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros. Voluntad hay, al menos por la parte morada del Gobierno y en algún ministro del área socialista. Por ejemplo, el titular de Transportes y responsable de la política de vivienda, José Luis Ábalos, afirmó la semana pasada en el Congreso ante una interpelación planteada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que se comprometía a estudiar los alzamientos por impagos. La decisión, por tanto, se encuentra ahora en manos de Sánchez.
La propuesta que el equipo de Iglesias ya ha planteado en el seno del Gobierno es la siguiente: en primer lugar, prohibir la ejecución de todos los desahucios por impago de hipotecas cuando la familia no tenga alternativa habitacional. Del mismo modo, los ministros de Unidas Podemos han pedido vetar los desahucios por impago del alquiler o por fin del contrato del alquiler salvo que el propietario de la vivienda sea una persona en situación vulnerable. En el caso de viviendas de los llamados "grandes tenedores" (bancos y fondos de inversión), pone encima de la mesa prohibir los desahucios para familias que estén en precario y sin alternativa habitacional.
Fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales reconocen a La Información que la propuesta para prohibir de forma efectiva los desahucios por impago mientras se prolongue el estado de alarma es una necesidad ante las imágenes de "decenas" de alzamientos que se vienen produciendo en diferentes puntos del territorio nacional. Hay casos, incluso, de procesos en viviendas propiedad de la Sareb, el 'banco malo' en el que el Frob tiene un 45,9 %. "Como estamos viendo en las últimas semanas, se están ejecutando muchos desahucios de familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis de la Covid", lamentan las mismas fuentes, destacando también en que en algunos operativos se puede ver que los desalojos afectan a menores de edad.
Queremos que quede claro lo que hemos acordado con Adoración: tras la decisión del juzgado de no aplazar el desahucio, hemos hablado con el Samur Social para que Adoración y su familia sean realojados en un albergue hasta que podamos firmar un contrato de vivienda social. https://t.co/F6I6Xn6mjC
— Sareb (@sareb) October 27, 2020
Recuperar la prohibición de cortar los suministros básicos
El área morada del Gobierno propone, además, ampliar este veto total a los cortes de suministros, situaciones que ya se están empezando a tramitar. Tal y como se contó en estas páginas, las empresas están amenazando con cortar la luz, el agua o el gas a los clientes que no abonen de inmediato los recibos impagados acumulados durante la pandemia. El Gobierno prohibió el desabastecimiento de estos servicios básicos en el marco del 'escudo social' para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los colectivos económicamente más vulnerables, pero el veto finalizó el pasado 30 de septiembre y las compañías tanto eléctricas como de agua y gas están empezando a reclamar las facturas de los últimos meses, avisando de que en caso de impago se procederá al corte del suministro en cuestión de días.
"De mantenerse la situación de impago, y sin perjuicio del posible ejercicio de acciones legales de reclamación, solicitaremos a su distribuidora la suspensión del suministro a partir del día 03/12/2020", se puede leer en alguna de las notificaciones que están recibiendo las familias.
¿Están prohibidos los desahucios?
En el caso de los desahucios, están teóricamente prohibidos hasta 31 de enero después de la ampliación aprobada en septiembre, pero sólo para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad por la Covid. No afecta, por tanto, a las familias que antes de la pandemia ya se encontraban en una situación límite. "Pensamos que en pleno estado de alarma que implica un toque de queda, y los sucesivos confinamientos parciales que se están decretando por parte de las comunidades autónomas, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios", indican las fuentes de la Vicepresidencia social.
La prohibición del corte de suministros básicos, en cambio, no se prorrogó en septiembre y el Gobierno optó por impulsar en su lugar el bono social eléctrico para que las familias en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder a él de una forma rápida y directa. Unidas Podemos propone ahora volver a la situación en vigor hasta hace algo más de un mes, cuando la retirada de los suministros no se podía efectuar en ningún caso. "No tiene sentido pedirle a la gente que se lave las manos permanentemente y que se estén produciendo cortes de suministros. Para que una vivienda se pueda considerar digna los suministros tienen que estar garantizados", añaden las mismas fuentes.
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