Santiago de Chile, 5 jun.- La Corte Suprema de Chile designó hoy a la jueza Mireya López para que investigue las irregularidades detectadas en la entrega de beneficios y pensiones a unas 3.000 personas que supuestamente perdieron su trabajo por razones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Según informaron fuentes judiciales, la jueza, que pertenece a la Corte de Apelaciones de Santiago, se dedicará de forma exclusiva a este polémico caso, que ha provocado acusaciones cruzadas entre parlamentarios oficialistas y miembros del Gobierno y representantes de la oposición.
La decisión de la Corte Suprema responde a la petición que realizaron la semana pasada los diputados oficialistas Karla Rubilar y Cristián Letelier, quienes solicitaron que se designara un juez especial para indagar las irregularidades en la entrega de beneficios.
La polémica arrancó la pasada semana cuando se conoció un informe de la Contraloría, que revisó más de 9.000 expedientes de entre las más de 74.000 personas que recibieron beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS) en 2011.
La Contraloría concluyó que casi 3.000 personas no cuentan con los requisitos que establece la ley para ser calificados como exonerados políticos, personas que perdieron su trabajo por razones políticas.
Entre los casos detectados, 1.187 corresponden a extrabajadores de partidos políticos, principalmente del Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), que fueron proscritos después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El resto corresponde a trabajadores de empresas que, según la Contraloría, nunca fueron intervenidas por el régimen militar, como exige la ley.
Además, el organismo puso en duda el pago de unos 60 millones de dólares a casi 6.000 ciudadanos que no cumplían los requisitos para recibir pensiones vitalicias.
Estas pensiones se aprobaron durante los Gobiernos de Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010) y de Sebastián Piñera, el mandatario actual.
El Ejecutivo chileno y los parlamentarios de los partidos oficialistas pidieron explicaciones por estos casos a Lagos y Bachelet, que quiere convertirse en la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales del próximo noviembre.
La ministra chilena del Trabajo, Evelyn Matthei, aseguró hace unos días que en los últimos dos Gobiernos de la Concertación se hizo un programa "para defraudar" al Estado.
En la oposición, en tanto, se han mostrado a favor de que se investigue el caso y han denunciado una operación política para dañar la candidatura de Bachelet, la gran favorita para ganar las próximas elecciones.
A pesar de que el informe de la Contraloría puso el tema en el tapete, la polémica por la entrega de compensaciones a falsas víctimas de la dictadura no es nueva.
En 2008, el presidente de la Comisión Unitaria de Exonerados, Raúl Celpa, denunció la existencia de 100.000 personas que reciben beneficios fiscales sin cumplir los requisitos.
Tres años después, el asunto adquirió notoriedad de nuevo y los parlamentarios de la derecha en el Gobierno impulsaron una comisión investigadora que llegó a la conclusión de que existían irregularidades, pero no responsabilizó a ninguna autoridad.
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