Viernes. 3 de noviembre de 2017. Hace cinco años saltaba la noticia de que un conocido comisario (para algunos más que otros) había sido detenido en el marco de un operativo ordenado por la Audiencia Nacional. Se trataba de José Manuel Villarejo, que para el público general era el polémico policía que se escondía bajo una boina y una carpeta. A partir de entonces, poco a poco, se fue destapando quién era él y los trabajos de espionaje a empresarios, banqueros, políticos, periodistas, particulares… que realizó para importantes clientes durante más de una década, mientras aún seguía en activo en la Policía Nacional. Así comenzaba el conocido 'caso Villarejo', un "juego de los espejos donde nada es lo que parece", como indicó la Fiscalía Anticorrupción, que tras años de recorrido no está más cerca de su final, sino que se encamina a abrir nuevas líneas de investigación.
Una carta anónima presentada en la Fiscalía Anticorrupción, en la que se advertía de los negocios ilegales de Villarejo en colaboración de su amigo Carlos Salamanca, el que fuera comisario del aeropuerto de Barajas, para la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios", detonó la detención del espía. La denuncia se apoyaba además en el testimonio de un empresario (también investigado), al que el agente encubierto apodó como "pagafantas" y que confesó haber entregado "dádivas de lujo" al jefe de la Policía en el aeropuerto a cambio de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos de Guinea Ecuatorial.
Todo ello motivó la 'operación Tándem' para desarticular una presunta organización criminal encabezada por Villarejo, a quien también se le responsabiliza de la comisión de delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Pero ello solo era el inicio de algo inesperado. Los registros en su domicilio; en las oficinas en la Torre Picasso de Madrid del Grupo Cenyt, el entramado empresarial que utilizaba para justificar los trabajos privados; así como en la casa de su socio Rafael Redondo, dieron con numerosa documentación, audios (algunos difíciles de desencriptar) y agendas que han dado origen a la macrocausa judicial que se conoce a día de hoy, en la que también se investigan delitos de falsedad documental o descubrimiento y revelación de secretos.
Hasta antes del verano, el 'caso Villarejo' o 'Tándem' englobaba una treintena de piezas separadas que son el reflejo de una maraña de actividades, en las que se han visto salpicadas altas esferas policiales e incluso conocidos empresarios del Ibex 35. Las pesquisas han permitido al juez Manuel García Castellón, encargado de investigar estos hechos, hacerse una idea de la amplia cartera de clientes que el comisario tenía, que iban desde particulares hasta conocidas compañías españolas. Asimismo, el magistrado investiga la fortuna que llegó a amasar el agente encubierto. Ya en marzo de 2021 le embargó bienes que alcanzarían los 23,55 millones de euros procedentes de los pagos de las actividades privadas que desarrolló, así como 53 inmuebles en España y el extranjero.
Nuevos proyectos de Villarejo
Pero todo ello no ha sido suficiente para terminar de esclarecer qué hizo y quiénes contrataron los servicios Villarejo. Tres recientes informes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) han identificado decenas de 'nuevos' proyectos que las empresas del comisario habrían ofertado a grandes firmas y particulares. Ello provocará la apertura de más líneas de investigación en la compleja macrocausa, teniendo previsto alcanzar, por el momento, hasta la pieza separada número 45, según indicó recientemente la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional en uno de sus acuerdos para justificar la prórroga de los dos jueces de refuerzo que apoyan la labor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.
En este sentido, antes de acordar la apertura de las piezas, este magistrado requirió a la unidad policial que aclare cuáles de todos esos trabajos se ejecutaron y pagaron y cuáles se quedaron en simples ofertas o presupuestos con el fin de no abrir líneas sin futuro judicial. Cabe destacar que en todo el 'rompecabezas' de esta macrocausa existen varias piezas de carácter instrumental, es decir que tan solo tienen la función de aportar información y ayudar a averiguar cómo el comisario jubilado conseguía la información reservada que después vendía a sus clientes y si para ello accedía a bases de datos policiales y 'pinchazos' telefónicos.
Asimismo, hay que subrayar que muchas de las líneas de investigación conocidas hasta el momento ya se encuentran finalizadas (una decena de ellas), pendientes de ser juzgadas o a falta de resolver los últimos recursos; y otras pocas han sido archivadas. Otras tres han sido ya juzgadas en un primer macrojuicio que finalizó el pasado 28 de septiembre, tras casi un año de celebración, y en el que el protagonista de todas ellas, José Manuel Villarejo, se ha ataviado de toga, y parche -por una parálisis ocular-, para co-defenderse junto al letrado que le ha 'ayudado' desde que se inició el procedimiento.
En libertad provisional
Villarejo acudió a la vista oral por su propio pie, pues lleva en libertad provisional un año y ocho meses, desde marzo de 2021. El juez García Castellón se vio obligado a excarcelarle porque el primer 'gran juicio', al que se enfrenta a más de 80 años de cárcel, estaba previsto que comenzara en diciembre de ese año, es decir un mes después de que el comisario hubiera cumplido los cuatro años máximos que la ley permite tener a un investigado en prisión sin haberse puesto delante de un tribunal. Finalmente, por cambios de agenda, la vista oral comenzó en octubre del año pasado.
En cualquier caso, la tramitación de las nuevas líneas de investigación tendrán lugar en un momento clave, ya que la sentencia que dicte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional marcará el futuro del procedimiento. El tribunal tiene que manifestarse sobre el cohecho (el principal delito que se imputa a Villarejo y a muchos de los investigados), así como la validez de las grabaciones de sus conversaciones como principal prueba, que el propio comisario retirado ha intentado anular.
Asimismo, las nuevas piezas separadas que se formen acompañarán a algunas de las más 'antiguas' y mediáticas, que no parecen ver el final. Una de ellas es la que se centra en los contratos que BBVA hizo con Cenyt durante 13 años y por los que se abonó 10,3 millones de euros, que se encuentra inmersa en esclarecer si Villarejo tuvo un trato de favor en la entidad financiera o si sus colaboradores más cercanos continuaron trabajando para el banco tras la detención del polémico policía. A todo ello se debe sumar que el expresidente de la entidad vasca, Francisco González, ha solicitado declarar por segunda vez para aclarar cualquier tipo de duda que haya surgido a lo largo de la investigación. Una cita que, previsiblemente, tendrá lugar el próximo 15 de diciembre.
Por otro lado, otras empresas del Ibex 35 siguen de cerca el avance de las pesquisas. Es el caso, por ejemplo, de Iberdrola, cuya pieza está en un momento de stand by, después de que el magistrado instructor acordara exonerar al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, y su cúpula directiva en el momento de la contratación de Villarejo, así como la filial Iberdrola Renovables Energía, por prescripción de los delitos. Estas decisiones fueron avaladas por la Sala de lo Penal. Y precisamente esta Sala tiene pendiente unos de los recursos más importantes de la causa, que puede marcar un antes y un después, pues tiene que resolver (por segunda vez) si el juez está en lo correcto a la hora de dejar fuera del caso a Repsol y CaixaBank, y sus máximos dirigentes, en contra del criterio de Anticorrupción.
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