La Gobierno regional de Cantabria ha anunciado que aplicará deducciones en el tramo autonómico del IRPF para luchar contra el despoblamiento, una medida que en el próximo año, espera beneficiar a los habitantes de más de la mitad de los municipios de esta la comunidad.
En concreto, serán 57 las localidades que, con la llegada de 2020 recibirán estas bonificaciones de los 102 pueblos registrados. La medida es la mayor novedad del proyecto de ley de medidas fiscales que acompaña a los presupuestos regionales, que hoy han sido aprobados por el Gobierno de Cantabria y registrados en el Parlamento.
Los criterios que se han fijado es que las localidades tengan menos de 2.000 habitantes, una densidad de población menor a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de envejecimiento superior al 30 %.
La consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha explicado que estas deducciones beneficiarán a los cántabros que tienen su residencia habitual en las zonas rurales con riesgo de despoblamiento.
Una emergencia demográfica
En Cantabria se dan actualmente 56 municipios que cumplen estos tres requisitos y que en total apenas suman 48.700 habitantes. Las deducciones se aplicarán a los arrendadores y arrendatarios en los alquileres de viviendas, al autoempleo de jóvenes, los gastos de guardería y los gastos por traslado a las zonas más despobladas.
Por contratos de arrendamiento de vivienda habitual el arrendatario se beneficiará de una deducción del 20 por ciento, hasta un límite de 600 euros anuales en tributación individual y 1.200 euros en tributación conjunta. El arrendador también podrá reducir el rendimiento neto en un 50 por ciento, cuando no constituya una actividad económica y su residencia habitual se encuentre en la misma zona en riesgo de despoblamiento.
Además, los jóvenes menores de 35 años que fijen su residencia habitual en zonas de riesgo de despoblamiento y que causen alta por primera vez en el censo de empresarios tendrán rebajas de impuestos de hasta 1.000 euros. Por otro lado, los gastos de guardería se podrán reducir un 30 por ciento, con un límite de 600 euros anuales por hijo menor de tres años.
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