La detención y previsible extradición del expresident de Cataluña Carles Puigdemont ha encendido la mecha para dinamitar la Mesa de Diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el de la Generalitat una semana después del inicio de las conversaciones entre representantes de ambos ejecutivos. La decisión de la Justicia italiana, tras la detención del político en la noche del jueves en la isla de Cerdeña, deja a Puigdemont a un paso del banquillo del Tribunal Supremo después de permanecer casi cuatro años huido de la Justicia española.
Fuentes del Tribunal Supremo han asegurado que la euroorden de busca y captura del líder de JxCAT, lejos de no estar vigente, permanece activa en todos los territorios de la Unión Europea, que fue el Parlamento Europeo quien retiró la inmunidad al exdirigente catalán y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) mantuvo esa retirada hasta que se resolviera el recurso presentado por Puigdemont, informa Europa Press. Sin embargo, la defensa del ahora detenido no comparte esta opinión.
Cuando Puigdemont llegue a España en los próximos días, siempre y cuando no surjan problemas con la euroorden en virtud de la que ha sido arrestado y se conceda la extradición que el Supremo ya ha dicho que solicitará, ingresará probablemente en prisión de forma provisional tras comparecer ante la Justicia, en espera de ser juzgado por los mismos delitos por los que fueron condenados a elevadas penas de cárcel algunos de los presos del denominado juicio del procés.
Este ingreso en prisión y su consecuente enjuiciamiento distan mucho de los objetivos de independencia, referéndum y amnistía del actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, manifestados tras reunirse durante dos horas en privado con Pedro Sánchez antes de la Mesa de Diálogo.
En ese encuentro, tanto el presidente del Gobierno como Aragonès dejaron entrever cierta sintonía, eso sí, desde planteamientos contrapuestos. Sánchez llegó a decir en su comparecencia ante los medios de comunicación que ni el referéndum ni la autodeterminación serán posibles, lo que choca de lleno con las expectativas de los grupos independentistas catalanes, que aspiran a celebrar una consulta, lograr la amnistía y conseguir en última instancia la independencia de España.
La más que previsible condena de Carles Puigdemont si es extraditado a España por Italia pondrá al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición difícil tras haber indultado a los 9 políticos independentistas condenados por el juez Marchena. De hecho, en el mundo secesionista ya se barajará esta posibilidad para que le sea aplicada al propio Puigdemont. Las diferencias entre un caso y los otros hacen complicado adoptar la misma decisión.
Los presos del procés -Oriol Junqueras entre ellos- fueron condenados y pasaron parte de sus penas en prisiones catalanas, sin haber esquivado la acción de la Justicia. En el caso del expresident ahora detenido en Cerdeña, este puso tierra de por medio y ha permanecido protegido en territorio belga, concretamente en Waterloo. Además, el momento político no es el mismo, ya que cuando pueda haber una condena para Puigdemont, la proximidad de la convocatoria electoral desaconsejará adoptar una decisión de calado público como un nuevo indulto.
También han surgido las primeras tensiones dentro del Gobierno de coalición, ya que en una primera valoración dirigentes de Unidas Podemos han estimado que se trata de un arresto ilegal. Concretamente, el presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, ha subrayado que "la detención de Carles Puigdemont es incomprensible. Se basa en una orden de detención judicial suspendida por el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). A mi me parece que eso es una detención ilegal".
No obstante, desde Moncloa se ha trasladado el mensaje de que Puigdemont "debe someterse a la acción de la Justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano" y que la detención del político obedece "a un procedimiento judicial" que está en curso.
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