Detienen a exapoderado de Madres de Plaza de Mayo en caso de corrupción

Buenos Aires, 15 may.- El exapoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, quedó detenido hoy luego de declarar ante el juez que le investiga por presunta malversación de fondos públicos para un plan de viviendas administrado por la asociación humanitaria argentina.

El juez federal Norberto Oyarbide le comunicó a Schoklender su decisión luego de que se le informara al acusado de los delitos que se le imputan, dijeron fuentes judiciales sin proporcionar otros detalles.

"Voy a contestar todo lo que el juez quiera saber. Es porque cada vez que inventaban o armaban algo se les iba cayendo la causa y por eso han tenido que inventar más" acusaciones, dijo Schoklender a los periodistas poco antes de ser indagado.

La Fiscalía acusa a Schoklender de desviar fondos públicos que recibía la Fundación Madres de Plaza de Mayo para llevar adelante el plan de construcción de viviendas "Sueños Compartidos" por más de 25 millones de pesos (unos 5,7 millones de dólares).

En los próximos días, han sido citados a declarar en esta causa Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, así como Pablo Schoklender, hermano del exapoderado, y Viviana Sala, exesposa de Sergio Schoklender.

Según la Fiscalía, el exapoderado montó una red de empresas y utilizó empleados de la fundación, parientes y amigos con el fin de blanquear los fondos y comprar propiedades muebles e inmuebles.

Este proceso judicial se abrió en mayo de 2011 por una denuncia contra Sergio Schoklender, a quien Hebe de Bonafini acusó de ser el jefe de una "asociación ilícita" que causó un grave daño económico contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Sergio Schoklender reavivó la polémica al asegurar en varias entrevistas que la organización humanitaria mantuvo estrechos vínculos con guerrillas latinoamericanas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, Colombia), y que llegó a financiarse con asaltos.

El asunto desató un escándalo y puso en tela de juicio la política de asistencia social y de subsidios del Gobierno de Cristina Fernández.