La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cuestionado la eficacia de la reforma laboral de 2012, que considera que ha dejado en precario a la mitad de los asalariados, al tiempo que ha incidido en que el Gobierno "no quiere desmantelar nada" sino "reconstruir el derecho del trabajo". "Queremos reconstruir el derecho del trabajo, que el mercado laboral vuelva a la Ley y a la Constitución", ha afirmado Díaz durante la interpelación de la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, sobre las razones del Gobierno para modificar la reforma laboral.
La ministra ha destacado que de los más de 16 millones de personas asalariadas, el 50% tienen un contrato temporal, trabajan a tiempo parcial no deseado o rotan entre el paro y el trabajo precario, lo que en buena parte es consecuencia de una reforma laboral que solo sirvió para "desregular, devaluar y desproteger". La portavoz popular le ha pedido insistentemente que le dijera si el Gobierno sigue adelante con su planes de derogar la reforma que el PP hizo en 2012, a lo que Díaz se ha limitado a contestar que las reformas previstas son las 17 incluidas en la componente laboral enviada a Bruselas en el marco del proceso de obtención de los fondos de recuperación.
Dicho documento dice que se abordará la ultraactividad y la relación entre los convenios sectoriales y de empresa, cuestiones que fueron modificadas en la reforma de 2012 y que el Gobierno de coalición ha considerado siempre dos de los aspectos más lesivos de aquella ley. La ministra ha evitado usar la palabra "derogar", aunque el pasado lunes en su comparecencia en Comisión dio por hecho que se aprobarán este año los cambios mencionados, toda vez que la prevalencia de los convenios y su vigencia son temas "bastante trabajados" en la mesa de diálogo social, junto con las clausulas de descuelgue o las modificaciones sustanciales de las condiciones del trabajo.
"Dejen de frecuentar el pasado", le ha pedido al PP la ministra, que ha abogado por pensar en el futuro y por ver qué normas son necesarias para promover el empleo de calidad, buscando "soluciones europeas" a través del diálogo social y político. Gamarra ha puesto en duda que el Gobierno apueste por el diálogo social cuando en mayo de 2020 el grupo socialista acordó en el Congreso con EH Bildu, de espaldas a los agentes sociales, la derogación de la reforma laboral de 2012 a cambio de su apoyo a la prórroga del estado de alarma.
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