La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este lunes que su propuesta para acordar con la gran distribución y los consumidores un tope a los precios de productos de alimentación básicos es "perfectamente legal", ante las advertencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de que la fijación de precios máximos en alimentos está prohibida por ley. De hecho, ha recalcado que la propuesta no solo respeta el derecho de la competencia, sino que abunda en él: "No es que no vulnere la legalidad española y europea, sino que la respeta absolutamente y está basada justamente en el principio de la competencia", ha defendido.
La vicepresidenta también ha señalado que la Ley de Ordenación del Comercio Minorista cuenta con "excepciones" en esta materia. En concreto, el artículo 13 establece, en relación a la libertad de precios, que los precios de venta de los artículos serán libremente determinados y ofertados con carácter general de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de defensa de la libre y leal competencia, con las excepciones establecidas en leyes especiales. No obstante, señala que "el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa".
Una capacidad que está prevista en varios supuestos: cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas, cuando se trate de bienes producidos o comercializados en régimen de monopolio o mediante concesión administrativa, como medida complementaria de las políticas de regulación de producciones o de subvenciones u otras ayudas a empresas o sectores específicos, y excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva. La organización de consumidores Facua ha pedido aplicarla para intervenir los precios.
"A las tiendas de barrio no les podemos pedir más esfuerzos"
Ante las críticas del pequeño comercio, Díaz ha defendido que su propuesta se dirige a la gran distribución porque son quienes tienen márgenes para poder practicar descuentos. "Al igual que a las grandes energéticas o a la gran banca, le podemos pedir esfuerzos", ha enfatizado. "A una pequeña tienda de este barrio es muy difícil pedirle más esfuerzos", ha explicado la ministra, tras valorar, no obstante, que haya pequeñas tiendas o cooperativas que están ayudando. En este sentido, Díaz ha aprovechado para instar a la ciudadanía a comprar en el comercio local y de proximidad y ha pedido también que se escojan productos de temporada. "Esto tiene que ver con el cambio climático y con la alimentación de calidad", ha recalcado.
Tras celebrar primer encuentro el pasado jueves con Alexandre de Palmas, director ejecutivo de Carrefour España, tanto Díaz como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido este lunes con representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran. También han asistido representantes de la Asociación de Supermercados Distribuidores (Anged), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
Las patronales critican la medida y piden bajar impuestos
En esta reunión, las patronales de la distribución han considerado que la propuesta de poner límites al precio de los alimentos básicos puede distorsionar el mercado, por lo que han pedido bajar impuestos y "no demonizar al sector". El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha asegurado que el análisis realizado por la vicepresidenta segunda del Gobierno sobre un problema de márgenes de beneficio "no tiene la base científica suficiente". A su juicio, tampoco es "buena" la idea de elaborar una cesta básica común, porque "no es coherente con la estructura de la distribución comercial española".
"El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con grandes distribuidoras, si no que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco", ha apuntado García Magarzo. En su opinión, la propuesta de Díaz de limitar los precios de ciertos alimentos no es "útil" para solucionar los problemas de inflación, derivados de la "presión gravísima" de los precios de las materias primas, por lo que sería preferible bajar impuestos como el IVA o el coste de la energía.
Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Anged, Javier Millán-Astray, ha asegurado que la distribución está haciendo esfuerzos "ingentes" por la contención de precios y ha trasladado a Díaz su preocupación por la imagen que se está proyectando del sector de la distribución comercial, "que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la realidad". Según él, ni el Ministerio de Economía ni la CNMC han visto "ningún comportamiento anómalo por parte de la distribución, "todo lo contrario", ya que mientras el incremento de precios medios de la industria fue del 12,6% en el último año, el de la distribución ha crecido un 7%, incluso por debajo del IPC general.
Asedas dice que la propuesta no tiene base científica, mientras que Anged denuncia la imagen que se está trasladando a la ciudadanía
Por otro lado, Eroski ha destacado "el gran esfuerzo" que está realizando por "contener" los precios de venta público, que se ha materializado en esfuerzos promocionales durante el último trimestre y ha recordado que el margen de beneficios en un sector como el de la distribución es "estrecho", por lo que no hay "mucho lugar para la maniobra", según ha subrayado el responsable de Comunicación, Kristin Prieto, a Europa Press. Ha precisado que su empresa es "muy consciente" de la realidad, por lo que han "redoblado los esfuerzos" y activado distintas promociones.
Por último, Podemos ha respaldado la iniciativa de Díaz, pero ha defendido que el Ejecutivo debe intervenir de "motu propio" y establecer medidas en el caso de que el pacto con las empresas no sea posible. El coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha afirmado que es prioritario topar los precios, que incluyan medidas de producción para el pequeño comercio y los productores al ser un sector "vital" para el país. En caso de no alcanzarse ese consenso, se ha mostrado partidario de establecer un nuevo impuesto específico a los grandes supermercados, que permita obtener ingresos para financiar un cheque ayuda a la adquisición de la cesta de la compra, tanto para grandes como pequeñas superficies.
Habrá nueva reunión para abordar todas las propuestas
Yolanda Díaz ha agradecido "la actitud constructiva" que han mantenido en esta reunión los representantes de la distribución y los consumidores, así como sus aportaciones y el diagnóstico compartido sobre la situación del país. "Estamos atravesando un momento de extrema debilidad y por tanto compete tomar todo tipo de medidas", ha recalcado. Según la titular de Trabajo, tanto las asociaciones de consumidores como las distribuidoras de alimentación hicieron "múltiples" propuestas en muchos sentidos, aunque por falta de tiempo no pudieron ser abordadas en profundidad.
Por ello, se han emplazado a un nuevo encuentro, cuando la vicepresidenta segunda regrese del G20, para mantener otra reunión que les permita trabajar "todas y cada una de las propuestas". La vicepresidenta ha recordado que su propuesta consiste en que se facilite una cesta de la compra básica hasta "más allá de Navidades" y se componga de productos que garanticen una alimentación sana. Según Díaz, la cesta tiene que contener productos como carne, pescado, frutas, hortalizas, huevos y lácteos, además de elaborar otra cesta para celiacos.
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