Luis María Díez-Picazo tenía muy complicada este lunes la salida del atolladero en el que se ha metido con la sentencia del impuesto de las hipotecas. Debía defender su postura y celebrar un Pleno de lo Contencioso-Administrativo en el Supremo, como presidente de una Sala con 27 jueces sin piedad que, antes de entrar a debatir el fondo de la cuestión, querían reprochar las formas y poner en evidencia una gestión que muchos de ellos consideraban incompetente.
Pero al final del primer asalto y tras ocho horas de debate sin soluciones sobre el tema en cuestión, lo único que parece claro es que el responsable de la Sala ha aguantado el tipo a pesar de todo y, aunque con retraso, los jueces se han implicado en buscar una solución válida para un tema tan trascendente para toda la sociedad.
A muchos magistrados les parecía poco ortodoxo que el presidente de la Sala Tercera llevase a Pleno el cambio de jurisprudencia que los seis jueces de la Sección Segunda, especializados en temas tributarios, habían puesto sobre la mesa de forma argumentada y con toda la legitimidad que a su alto cargo les corresponde. Antes de empezar a debatir sobre quién debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), muchos de los magistrados sentados en la Sala Tercera querían que esa convocatoria 'a posteriori' y la puesta en duda de las sentencias que conlleva no fuera un precedente en su labor. Las cinco primeras horas del encuentro sirvieron para zanjar esa cuestión, que amenaza incluso a la permanencia del propio Díez-Picazo en su cargo al frente de la Sala, pero el Pleno siguió y continuará este martes en busca de una resolución que contente a todas las partes.
El giro que nadie esperaba y que alentó los peores augurios para el todavía presidente de la Sala Tercera fue la falta de apoyo del que hasta el momento había sido su mayor valedor, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Tras la oleada de críticas que generó su decisión de convocar un Pleno para zanjar el cambio de jurisprudencia, el propio Díez-Picazo y los magistrados afines a él aguardaban un gesto del presidente del Alto Tribunal. Y, pese a ello, la respuesta fue la contraria: Lesmes pidió perdón por la crisis generada en torno a este asunto y reconoció que hubo una mala gestión sin reparos ni excusas.
Hay fiscales y magistrados afines a ambas partes que todavía no se explican esa actitud de Carlos Lesmes, frente a quien ha sido su valedor hasta el momento en la Sala que más le preocupa al presidente del Tribunal, la que regula los conflictos de la Administración con todas las instituciones y estamentos, y la más politizada en su composición y funcionamiento. "La gente piensa que la Sala de lo Penal es la más importante del Supremo, pero se equivocan, es la de lo Contencioso la que verdaderamente toma decisiones importantes que afectan a toda la sociedad", señalaba este lunes mismo un exmagistrado cercano a ese ámbito al inicio de la reunión.
Díez-Picazo llegó a presidir la Sala Tercera después de haber sido uno de los máximos colaboradores de Carlos Lesmes a la hora de llevar a cabo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde entonces, indultos importantes, problemas con sectores regulados de la economía, las relaciones con las eléctricas, el conflicto con las renovables… Son numerosos los casos en los que Lesmes y Díez-Picazo han ido de la mano en estos últimos años en la Sala, pero que se han quedado ahora en el olvido ante una mala gestión de una sentencia de gran impacto social que ha roto todos los esquemas.
Con la mirada puesta en el origen de los hechos, entre los jueces y magistrados implicados y a pesar de todas las deliberaciones en marcha, todavía no entienden cómo a Díez-Picazo se le escapó este tema, "cuando es un hombre que está en el mundo y conoce bien las implicaciones sociales y jurídicas de las decisiones que se toman en su Sala", aseguran quienes le conocen desde hace tiempo y han compartido con él muchas tareas similares. Otra cuestión es saber si al final de todo este periplo podrá seguir al frente de la institución.
A falta de conocer el resultado final del debate que los magistrados llevan a cabo, lo que hasta el momento está claro es que serán los bancos quienes pagarán el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), con un posible periodo de prescripción que marcará la retroactividad de la norma y abrirá las puertas a una proceso complejo de reclamaciones ante las comunidades autónomas y, en su caso, de éstas frente a los bancos, como nuevos sujetos pasivos obligados.
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