Todo el mundo sabía que el debate entre los 28 jueces de la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas iba a ser duro y difícil, a pesar del peso que supone tener tres sentencias firmes para avalar el cambio de jurisprudencia analizado. Lo que no se esperaba es que la decisión final cayera en manos del presidente de la sala, Luis María Díez-Picazo, que voto el último con el balance en 14 a 13 votos a favor de quienes apostaban por cargar el impuesto sobre los clientes. Si su voto hubiera sido en el sentido contrario, ante un empate a 14 votos había prevalecido su opción por tener voto de calidad como presidente, de forma que el resultado habría sido el contrario.
El resultado ha sido que un Pleno del Supremo se ha llevado por delante la validez de tres sentencias firmes para cambiar la jurisprudencia sobre una cuestión legal muy concreta, y ha desautorizado al grupo de jueces especializados en el área tributaria dentro de la Sala Tercera, que son los que conforman la sección segunda, presidida por Nicolás Maurandi. Precisamente éste era el ponente de la sentencia de la discordia y el que la hizo pública en su día, con su superior (Díez-Picazo) y el presidente del Supremo de viaje.
Fuentes jurídicas consultadas entre la magistratura, la abogacía y la fiscalía aseguran que es la primera vez que ocurre una cosa como esta en el Tribunal, en una Sala que no está exenta de polémicas y que ahora toma una decisión que no va a servir para recuperar la mala imagen en la que ha entrado.
Fuentes cercanas al proceso no se explican como a Luis María Díez-Picazo se le había escapado que se trataba de un tema de alto impacto social, si bien advierten que al ser él mismo quien firmo la admisión a trámite de los recursos, es seguro que contempló la opción de que fueran a Pleno para sentar jurisprudencia. "Siempre se hace así, y no es normal que desde la sección segunda se lanzara la sentencia sin consultar", aseguran algunos exmagistrados cercanos al presidente de la Sala.
Las sospechas que genera sobre el funcionamiento del alto tribunal una decisión tan ajustada sobre un tema tan trascendente como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) que se debe pagar al hacer las hipotecas, que realizan cerca de 300.000 personas cada año, se incrementan además por el hecho de que en el Pleno faltaban tres componentes. Dos de ellos se han inhibido. Uno por estar en la junta electoral de la institución y otro por tener a sus hijos implicados en el caso concreto de Rivas-Vaciamadrid al que se refiere al sentencia. El tercero de ellos había pedido un permiso para viajar y no podía estar en el Pleno. "Nadie sabe cuál habría sido el resultado si la Sala hubiera estado al completo, pero las votaciones en este tipo de cosas son así, y hay que asumirlas por respeto a las instituciones", aseguran fuentes jurídicas conocedoras del funcionamiento del Tribunal.
"Al final parece que se ha montado un Pleno para votar a favor o en contra de unas sentencias firmes, más que para entrar en su contenido y evaluar el impacto social que pueden tener en la ciudadanía", asegura un exmagistrado del alto tribunal. Dentro del ámbito de la judicatura la preocupación se extiende por entender que cuando se llega a Pleno con sentencias firmes sobre la mesa, lo que se está poniendo en evidencia es la validez misma de los jueces que las han elaborado. "Y en este caso el tema es más sangrante, porque ha sido el propio presidente de la Sala, desairado o no por como se ha llevado el tema, el que ha tenido en su mano apoyar a sus colegas o rechazar sus sentencias", señalan.
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