Dignidad y Justicia pide que se identifiquen los teléfonos de la Subsecretaría de Interior

Madrid.- La asociación Dignidad y Justicia ha pedido hoy al juez Pablo Ruz, que investiga el supuesto "chivatazo" con el que se alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006, que identifique tres teléfonos "titularizados" desde la Subsecretaría de Interior desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en esta causa.

La asociación, que hace esta petición después de que el juez de la Audiencia Nacional ordenara ayer nuevas diligencias en contra del criterio de la Fiscalía, solicita que, cuando sean identificados los usuarios de esos teléfonos de la Subsecretaría de Interior, entre el 1 de mayo de 2006 y el 16 de septiembre, sean citados a declarar.

En su escrito al Juzgado, Dignidad y Justicia considera que en el informe del 23 de enero de 2007 sobre el tráfico de llamadas entre el 3 y 4 de mayo de 2006 de los tres imputados en esta causa -el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava- no quedan reflejadas las llamadas desde esos teléfonos.

Considera que "gozan de relevancia y de interés suficiente" las llamadas que se hicieron entre el 3 y el 4 de mayo por parte del Jefe Superior de Policía del País Vasco a un número titularizado por la Subsecretaría de Interior y del director general de la Policía a dos números también de la Subsecretaría de Interior.

Dignidad y Justicia pide también que el juez tome declaración a otros funcionarios policiales para aclarar las contradicciones entre los testigos que han declarado en esta causa.

Además, quiere que declare el autor de un informe del 15 de mayo de 2006, el comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que hace constar que, el 3 de mayo, el jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos Germán, "fue reticente en diversos momentos" a llevar a cabo la operación que supuestamente se desbarató por el "chivatazo" porque "era una operación que conllevaba riesgos políticos dada la tregua de ETA".

En ese mismo informe, el comisario relata que Germán le omitió, a pesar de ser él su superior, los contactos, previos a la operación policial, que mantenía con el juez instructor de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.

Entre la documentación remitida en comisión rogatoria por la juez francesa Laurence Levert no fue hasta el 16 de junio de 2006 cuando recibió por e-mail la transmisión de la conversación grabada en el coche del dueño del bar Faisán Joseba Elosua en la que supuestamente se refería al "chivatazo" y de la que Germán "dice haber tenido conocimiento desde las 14 horas del día 4 de mayo, pero que no avisó a la parte francesa del equipo común".