El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha presentado su dimisión tras conocer la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, según ha anunciado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Fernández llevaba desde el mes de junio de 2018 en el cargo.
En una comparecencia en Algeciras, donde se ha reunido con empresarios para tratar las consecuencias del Brexit y anunciar la autorización de un recinto fiscal en el Campo de Gibraltar, Montero ha dicho sobre Fernández que "en cuanto ha tenido conocimiento del auto ha puesto su cargo a disposición del Gobierno" y que la dimisión se "materializará en el próximo Consejo de Ministros".
Aunque la ministra no se ha pronunciado sobre la causa y ha indicado que dejarán "que la Justicia actúe", ha recordado que se trata de "un caso que se ha cerrado ya en dos ocasiones". Montero ha subrayado que la causa judicial "forma parte de las actividades desarrolladas por esta persona en su etapa anterior" y que "nada tiene que ver con el desarrollo de su actividad actual".
Se reabre de nuevo la causa
Fernández, como exsecretario general de Industria de la Junta de Andalucía, es uno de los tres investigados a los que la Audiencia de Sevilla ha ordenado declarar tras reabrir la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han indicado a Efe que la Sección Séptima ha estimado el recurso de apelación formulado por la otra empresa que se presentó al concurso, Emerita Resources, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que a principios de marzo archivó la denuncia penal sobre la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México Minorbis.
La instructora decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia de Emerita Resources contra la Junta por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la resolución del concurso público para adjudicar la explotación de Aznalcóllar al considerar que "los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas".
La Junta de Andalucía respeta la decisión
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha mostrado este martes el "máximo respeto" a la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de reabrir la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, unas actividades extractivas que inicialmente se adjudicó el grupo Magtel.
"Estudiaremos el auto, pero es un proceso abierto que nos obliga a la prudencia", ha sostenido Bendodo, quien ha recordado que este caso ya fue archivado en dos ocasiones y ha hecho hincapié en que "el camino judicial es uno y la actividad económica de la mina es otro distinto".
"No se cumplieron los requisitos"
En el auto, la Sala ha aceptado estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources y ha ordenado reabrir esta causa revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, la juez Patricia Fernández Franco.
La Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al Concurso.
El auto apunta que resulta "evidente y ello no se discute", que Grupo México, como licitador, "no cumplió con los requisitos legalmente imprescindibles" para pasar a la Segunda Fase relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar, "lo cual sin duda era exigible a ambas entidades de acuerdo con los principios generales de la contratación pública".
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