Dimite jefe policial en Bolivia acusado encubrir violación de discapacitada

La Paz, 18 sep.- El máximo responsable policial de la región boliviana de Cochabamba, Alberto Suárez, dimitió hoy después de supuestamente encubrir la violación de una mujer discapacitada por parte de agentes a su cargo, y también tras conocerse que su exesposa le denunció por maltrato cuando estaban casados.

Suárez dijo en una rueda de prensa en la ciudad de Cochabamba (centro) que renunció a su puesto para someterse a una investigación de la Fiscalía Departamental de la Policía sobre la presunta violación de una discapacitada mental en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.

El exjefe policial, según la agencia estatal ABI, está acusado de encubrir a los seis agentes implicados en la presunta violación.

A este caso se suman varias denuncias por maltrato físico y psicológico interpuestas años atrás por la exmujer de Suárez, y que fueron difundidas la pasada semana por el canal de televisión ATB.

En un reportaje, el citado canal hizo públicas denuncias contra Suárez, quien nunca fue procesado por estas agresiones a pesar de los informes forenses médicos y psicológicos aportados por su exesposa, en los que se constataba que sufrió violencia física por parte de su entonces marido en varias ocasiones.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció hace unos días que la periodista de ATB Escarley Pacheco fue amenazada por Suárez en el transcurso de una entrevista en el que la reportera preguntó al responsable policial por esas denuncias de maltrato a su expareja.

"Te voy a seguir los pasos Pacheco, cuídate", espetó Alberto Suárez a la periodista, cuando ésta le insistió en la existencia de las denuncias en su contra por maltrato, un asunto que según el jefe de la policía pertenecía a su pasado y a su vida privada.

El exresponsable policial será sustituido por Marcelino Mérida, hasta ahora comandante regional de la Policía en la localidad cochabambina de Quillacollo.

Bolivia es, según datos del programa ONU-Mujeres, el país latinoamericano con mayores índices de violencia física contra las mujeres, y el segundo tras Haití en violencia sexual.

Organizaciones de mujeres y la Defensoría del Pueblo pidieron en las últimas semanas al Gobierno que declare la alerta nacional por los numerosos casos de feminicidio que se registran, una situación por la que Naciones Unidas también manifestó su preocupación por medio de un comunicado.