El segundo plano en el que se encontraba la investigación del robo de una tarjeta telefónica en el caso Villarejo ha saltado a la palestra hasta convertirse en una de las partes clave de la macrocausa. El motivo que marca un antes y un después en esta investigación se encuentra en la declaración que prestó el pasado mes de mayo en la Audiencia Nacional la dueña de dicho teléfono: Dina Bousselham. La que fuera asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo fue llamada a declarar tras un informe policial que apuntaba que la SD de su móvil estaba ilegible e irrecuperable. Ella misma la aportó a la causa en marzo de 2019 cuando el magistrado Manuel García Castellón le ofreció personarse con el líder de Podemos como perjudicados en este caso que ha vivido un giro de 180 grados en apenas unos meses.
En dicha comparecencia Bousselham puso sobre la mesa detalles de este asunto que se desconocían y que terminaron por provocar la salida de Iglesias como perjudicado de esta décima pieza de Tándem. En concreto, y de acuerdo con los audios a los que ha tenido acceso este diario, la exdirigente regional reiteró que le habían robado el teléfono móvil a su vuelta a España en noviembre de 2015 y que recuperó la tarjeta ya a mediados de 2016 de manos de Iglesias. Éste, a su vez, la había recibido del presidente del Grupo Zeta. Antonio Asensio se la entregó en enero de ese año y entonces estaba intacta; de hecho pudieron visualizar su contenido. Así pues, la incógnita para los investigadores reside en saber qué pasó en ese intervalo de tiempo para que la tarjeta quedara ilegible.
Por ese motivo, la clave ahora está en conocer el dictamen que aporte la policía científica, a la que el magistrado recurrió para esclarecer cómo se produjo el destrozo de la tarjeta. Además de esta pericial, el instructor libró también comisiones rogatorias a Reino Unido, lugar hasta donde viajó la SD para su análisis en profundidad. Tal y como avanzó este diario, la empresa Recuperación Express aportó los correos intercambiados con la pareja de Dina, Ricardo Sa Ferreira, en septiembre de 2017. En los mismos se les explicó que la tarjeta "no era recuperable por las técnicas normales" y que precisaba de un análisis en profundidad que finalmente descartaron por el presupuesto del mismo: un pago inicial de 325 euros y un segundo de 300 euros (+IVA). Semanas después, el ingeniero que trabajó con esta SD ratificó estos hechos en un informe remitido a la Audiencia Nacional en el que dijo que la tarjeta llegó intacta pero que, efectivamente, requería de un tratamiento especial para poder recuperarla.
Revelación de secretos
Los cambios de versión de Dina en sede judicial tuvieron dos efectos inmediatos: por un lado la retirada de la condición de perjudicado de Iglesias y, por otro, las dudas acerca de quien filtró el contenido de la misma en prensa. Hasta entonces, los investigadores trabajaban con la tesis principal de que los pantallazos que contenía el teléfono y que aparecieron publicados en OK Diario se los filtró a este medio Villarejo. El motivo era que los agentes encontraron en casa del comisario jubilado una copia con todo lo que contenía el teléfono de Bousselham. Villarejo, por su parte, negó desde el primer momento en que se abrió esta pieza estar detrás de la filtración del contenido y dijo que podía ser que lo guardara porque trabajaba en investigaciones paralelas a Podemos y alguien se lo habría dado.
Además, también descartó la teoría del robo y dijo que le habían confesado periodistas de su entorno que Bousselham filtró esos pantallazos por despecho a su exjefe. Ella, por su parte, admitió en mayo ser la autora de las capturas de pantalla las cuáles difundió a terceros. Este hecho provocó un giro importante en el caso puesto que llevó al magistrado a apuntar que Villarejo dejaba de ser el único sospechoso de su difusión en tanto más gente tenía en su poder estas capturas relativas a conversaciones comprometedoras entre los líderes de Podemos. Además, apuntó incluso a la posibilidad de que fuera el propio Iglesias quien los filtrara, una teoría que él insiste en negar apuntando a una operación de las cloacas del Estado.
Además, recurrió ante la Sala de lo Penal la revocación de su condición de imputado. El asunto quedó en manos de la Sección Tercera, la cual se reunió el pasado miércoles 29 de julio para deliberar y votar sobre este asunto, de acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso este diario. Así pues, todo apunta a que la decisión de la Sala se conocerá ya toda vez pasada la temporada estival coincidiendo con el avance de estas diligencias que llevará al instructor a decidir el futuro de la pieza. Entre las opciones que están sobre la mesa se incluyen la posibilidad de enviar el asunto al Tribunal Supremo en caso de que aparezcan indicios que apunten que Iglesias pudo cometer delito de daños informáticos o de obstrucción a la Justicia con su actuación. Este sería el órgano competente para seguir estudiando la causa al tratarse Iglesias de una persona aforada.
Sea como fuere este no es el único revés judicial al que se enfrenta Iglesias. La aparición en escena de José Manuel Calvente amenaza con complicar a la formación morada para la que trabajó como abogado hasta su despido a finales del año pasado. Esto es así puesto que el exmiembro del equipo jurídico de Podemos denunció en Barcelona que altos cargos del partido habrían podido cometer delito de malversación de caudales públicos y administración desleal por su gestión económica dentro de la formación. De hecho, él mismo expuso que estas denuncias de una presunta caja 'b' a la cúpula del partido fueron las que provocaron su expulsión.
El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid asumió la denuncia proveniente de Barcelona en el marco de la cual citó a declarar a finales de julio al propio Calvente. Fuentes presentes en la declaración confirman que el abogado ratificó lo expuesto en su denuncia y apuntó a sobresueldos entre altos cargos del partido así como a irregularidades en la contratación de Neurona Consulting, la consultora cabecera de Podemos. Antes de poner este asunto en manos de la Guardia Civil, Calvente lo plasmó en una carta remitida al partido y adelantada por este diario. En la misma expuso que su purga se debió a las advertencias de irregularidades y que las acusaciones de acoso a su compañera Marta Flor eran una tapadera.
Precisamente la abogada, que sigue defendiendo a Dina Bousselham en el caso Tándem, interpuso querella contra Calvente en un juzgado de Madrid. Le atribuyó no solo acoso laboral y sexual sino también hostigamiento, coacciones y lesiones. Tras escuchar a los implicados en el caso y estudiar los mensajes que entregó Calvente, la Fiscalía pidió el archivo de la causa. El criterio plasmado por el Ministerio Público fue recogido punto por punto por la magistrada instructora, Rosa María Freire, que decretó el sobreseimiento provisional al considerar que él no era superior de Flor como para coaccionarle, que los mensajes no prueban acoso ni hostigamiento y que detrás de este asunto judicial subyace un conflicto no resuelto que guardaría más bien relación con una "lucha de poder interna".
