Por el robo de la tarjeta 

Dina, pieza clave para salvar el futuro de Iglesias tras las confesiones de Calvente

Anticorrución pide que testifique por tercera vez en el caso mientras la acusación popular quiere que sea Gloria Elizo la que aclare si hubo o no montaje. 

dina bousselham
Bousselham con su abogada Marta Flor el pasado mes de mayo. 
EFE

Las revelaciones de José Manuel Calvente acerca de que detrás del presunto robo del teléfono móvil de Dina Bousselham se escondía un montaje de Podemos dejan la investigación de la Audiencia Nacional en un punto de inflexión. La petición de la Fiscalía Anticorrupción de que declare la exasesora de Pablo Iglesias y su marido Ricardo Sá Ferreira hace que la pelota de esta historia quede en mano de la exdirigente regional del partido, la cual también quiere explicar al magistrado en sede judicial que Pablo Iglesias no tuvo nada que ver con la destrucción de la tarjeta; una tesis que ha defendido en sus últimos escritos y que viene a matizar la que sostuvo el pasado mes de mayo cuando dijo que el líder de Podemos le devolvió la SD ilegible y que la intentó recuperar sin éxito. 

El magistrado Manuel García Castellón estudia ya esta diligencia a la que suma la petición por parte de Vox de llamar a declarar en calidad de testigo a la entonces jefa de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo. Se trata de la reacción más inmediata a la declaración que prestó José Manuel Calvente en la Audiencia Nacional, en la que incluso denunció que recibió amenazas y coacciones por parte del sector más radical de Podemos, al que calificó de "kale borroka". Ahora, los fiscales del caso quieren que la que fuera asesora de Iglesias durante su etapa en el Parlamento Europeo vuelva a pronunciarse acerca de lo ocurrido entre noviembre de 2015, cuando le habrían robado el móvil en unos grandes almacenes, y mediados del año siguiente, momento en que recibió la tarjeta SD de su dispositivo de manos de Pablo Iglesias. 

No es la primera vez que piden que Dina vuelva a la Audiencia Nacional. Apenas poco tiempo después de su última visita, el pasado mes de mayo, Anticorrupción solicitó al juez que declarara de nuevo para ofrecer su perdón a Iglesias por recibir el dispositivo en esas condiciones y poder dar carpetazo a esta parte concreta de la investigación. El instructor les escuchó en lo que respecta a retirar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias pero declinó llamar a Bousselham, un hecho que según fuentes jurídicas consultadas por este medio sí podría producirse ahora. Sobre la mesa del instructor también figura la batería de diligencias solicitadas por Vox, entre ellas escuchar a la diputada de Podemos Gloria Elizo e incorporar a la causa todos los chats que tiene en su poder el exletrado del partido José Manuel Calvente. 

La formación que lidera Santiago Abascal, y que ejerce la acusación popular en esta décima pieza del caso Tándem, quiere que Elizo responda en sede judicial acerca de si detrás el robo se escondió en realidad una trama urdida desde la cúpula de Podemos para presentarse como víctimas de las cloacas del Estado. Elizo lideraba entonces el equipo legal del partido del cual era coordinador Calvente. Según expuso este último en su testifical del pasado jueves, la revelación en prensa del contenido del teléfono de Dina llevó a la cúpula del partido a planear una estrategia de actuación toda vez que esa información formaba parte de todo el material que atesoraba José Manuel Villarejo en su casa y de la que se incautaron los investigadores. 

Dificultad de investigar las amenazas

Calvente relató que Pablo Iglesias, Irene Montero y Juanma del Olmo acordaron defender la estrategia del robo y atribuirla a una jugada de la policía patriótica. Según expuso, estos hechos se produjeron en plena campaña electoral para las elecciones generales de 2016, de manera que podrían verse beneficiados. También habló de los famosos pantallazos que salieron del móvil de Dina y que recogían conversaciones comprometedoras entre los líderes de Podemos en relación a personajes como la periodista Mariló Montero, de la que Iglesias dijo que "azotaría" hasta que sangrara. La propia Dina confirmó al magistrado el pasado mes de mayo que ella difundió estos pantallazos a terceros pero nunca los distribuyó a prensa.  

Calvente, por contra, dijo en sede judicial que una de las opciones que se barajaba es que se filtraran en el marco de una guerra interna entre seguidores de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón o que incluso fuera la propia Dina la que los difundiera. Esta tesis fue la que sostuvo Villarejo después de que el magistrado abriera esta pieza separada en marzo del año pasado y la mantuviera bajo secreto de sumario. Calvente siempre ha defendido que su purga del partido se debió a su rechazo a participar en esta estrategia y la vincula con las acusaciones de acoso laboral y sexual de su entonces compañera, Marta Flor. 

Iglesias, de nuevo en el foco 

La letrada, que defendió a Iglesias y sigue ejerciendo la defensa legal de Bouselham, fue protagonista también de su declaración por los vínculos de los que alardeó en el chat interno con uno de los fiscales del caso. Estos chats fueron incorporados por el propio Calvente a la causa que abrió la magistrada Rosa María Freire tras interponer Flor una querella de acoso. El procedimiento se archivó en julio por falta de indicios pero ahora tanto la acusación popular como José Manuel Villarejo quieren que el magistrado solicite a Freire todos estos mensajes internos del partido para incorporarlos al macroprocedimiento. Especialmente después de que Calvente denunciara ante el juez que recibe amenazas, coacciones e insultos a diario. La Fiscalía investigará ahora el recorrido de estas amenazas y, en caso de que exista indicios de delito, abrirá diligencias de investigación.

No obstante, fuentes consultadas por este diario explican que para eso pase se tienen que concretar más las coacciones denunciadas por Calvente las cuáles, según dijo, vendrían del sector más radical del partido. La formación, por su parte, niega estos hechos y apunta a que todo esto se trata de una venganza del abogado por su despido a finales del pasado año. Mientras tanto, Iglesias sigue a la espera de conocer la resolución de la Sala de lo Penal acerca de si respalda al juez instructor y mantiene su salida como perjudicado o bien la revoca y vuelve a la causa. Sea como fuere, las declaraciones de Calvente vuelven a avivar la llama acerca de la presunta implicación de Iglesias en este asunto. El magistrado ya le apercibió en mayo de que podría ser responsable de delito de daños informáticos si se demuestra que la tarjeta se rompió bajo su poder. Ahora, se le podría acusar de denuncia falsa si finalmente lo que denuncia Calvente es cierto puesto que alegó que cuando declaró como perjudicado en marzo de 2019, tras la apertura de esta pieza, ya sabía que no llegó a producirse el robo denunciado.

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