La Guardia Civil registra Diplocat por los pagos a los observadores del 1-O

  • El juez que investiga el referéndum ha ordenado buscar documentación para averiguar si la contratación se realizó con fondos públicos.
Agentes de la Guardia Civil durante otro registro en Sabadell por el 1-O
Agentes de la Guardia Civil durante otro registro en Sabadell por el 1-O
EFE

Agentes de la Guardia Civil han entrado este jueves por la mañana en la sede del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) con una orden de registro del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del dispositivo.

El registro se desarrolla en las dependencias del organismo en la avenida Diagonal de Barcelona, donde se ubica el organismo, que fue disuelto por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Agentes del Instituto Armado se han personado a primera hora de esta mañana en la sede del Diplocat, situada en la avenida Diagonal de Barcelona, en busca de documentación relacionada con la contratación de los observadores internacionales, que un informe de la Guardia Civil estima costó 119.700 euros.

El organismo encargado de la diplomacia de la Generalitat se cierra precisamente este viernes, tal y como acordó el Gobierno en aplicación del artículo 155, en una decisión que el Tribunal Supremo (TS) mantuvo después, pese a que había sido recurrida por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y el Ayuntamiento de Barcelona.

El Diplocat, organismo encargado de proyectar la imagen internacional de Cataluña, depende del Departamento de Asuntos y Relaciones Internacionales, Exteriores y Transparencia, que dirigía el exconseller Raül Romeva, quien se encuentra en prisión preventiva y procesado por los delitos de rebelión y malversación por el Tribunal Supremo.

La operación policial se enmarca en la línea de investigación que se abrió para averiguar si la Generalitat incurrió en un delito de malversación de caudales, al destinar fondos públicos a la organización del referéndum del 1-O pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

1,6 millones según la Guardia Civil

Un informe de la Guardia Civil cifra en 1,6 millones de euros el gasto público que el Govern destinó a organizar el referéndum, de los que un total de 119.700 se destinaron a la contratación de los observadores que debían supervisar la celebración del 1-O y que concluyeron que la consulta no cumplía los "estándares internacionales".

Concretamente, el informe del Instituto Armado señala que el Govern presidido por Carles Puigdemont firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies para la prestación de servicios de asesoramiento del referéndum, mediante el envío de observadores internacionales que acreditaran que la votación reunía garantías.

Los investigadores constataron que el Diplocat realizó dos transferencias desde sus cuentas en Bruselas a The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de "contrato de servicios".

En un auto del pasado 3 de noviembre, el juez del 1-O requirió a la Generalitat que le desglosara el coste del referéndum, incluidos los gastos del traslado y la estancia de los observadores internacionales invitados para supervisarlo.

En la campaña electoral del pasado 21 de diciembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se congratuló de haber cerrado las embajadas en el extranjero del Govern y apuntó que el organismo del que éstas dependían se llamaba ahora "Diplocat en liquidación".

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió su investigación sobre los preparativos del 1-O a raíz de una denuncia por las conferencias del exsenador de ERC Santi Vidal, que aseguró que el Govern contaba con una partida económica "camuflada" en los presupuestos de la Generalitat para organizar el referéndum y las estructuras de Estado.

  

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