Buenos Aires, 4 dic.- La Cámara de Diputados de Argentina debatía hoy un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para reformar el código de procedimientos del fuero judicial Penal.
La iniciativa sobre el nuevo el Código Procesal Penal, ya aprobada por el Senado en noviembre pasado, era eje de un intenso debate en la Cámara baja, que se prevé se extenderá por varias horas.
Según el proyecto, la investigación de los delitos penales estará a cargo de los fiscales -y no de los jueces de instrucción, como sucede actualmente-.
De este modo, los fiscales pasarán a tener el control de las investigaciones y de los plazos del proceso, mientras que los jueces se limitarán a garantizar el debido proceso y a dictar sentencia.
El proyecto prevé, además, que los extranjeros que sean sorprendidos en la comisión de un delito sean expulsados y no puedan regresar a Argentina en un plazo no menor a cinco años.
Por otra parte, entre otros aspectos, la iniciativa permite mantener detenido a quien haya sido encontrado en comisión de un delito durante 72 horas, prorrogable por 72 horas más.
En el inicio del debate, la diputada oficialista Graciela Giannettasio aseguró que el actual sistema de procedimientos "no cumple eficazmente sus funciones", "se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano y no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales".
La presidenta de la Comisión de Justicia sostuvo que el actual sistema impone el "peor proceso" para las víctimas de los delitos, al "no saber nunca qué pasa con la investigación; no saber cuándo va a terminar el proceso; no participar de la investigación; no tener oralidad; que es vivir degradado y no tener justicia".
Según Giannettasio, la iniciativa bajo debate "utiliza de manera rigurosa el esquema de libertad, garantía y la vigencia de los tratados internacionales".
Pero Manuel Garrido, de la opositora Unión Cívica Radical, advirtió que "lo único que se va a aplicar", una vez en que entre en vigencia la ley, es "llamativamente un incremento sustancial de la planta del personal designado por el Poder Ejecutivo".
"Ojalá que no sea para otorgar mayor impunidad o aumentar cargos y sea para mejorar la Justicia", dijo Garrido.
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