Las grabaciones de la Guardia Civil a exdirectivos de OHL en las que hablan de porcentajes de pago a cambio de diversas adjudicaciones de la constructora están poniendo en un aprieto sus interrogatorios en la Audiencia Nacional. El último en declarar ante el magistrado al frente del caso Lezo ha sido Andrés Román Solórzano, el exdirector territorial en Canarias de Sato, filial de puertos de OHL. El directivo de la compañía ha negado mordidas en las operaciones de Canarias pero sí ha admitido que que se reservó un porcentaje del presupuesto para pagos en metálico relacionados con las canteras.
Según fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por La Información, Solórzano respondió este jueves durante cerca de tres horas por su implicación en la gestión de las obras del puerto de Granadilla (Canarias) así como del puerto de La Estaca (El Hierro) que fueron adjudicadas para la constructora. Al respecto, el directivo reconoció que se reunió con altos cargos de la compañía también implicados en estos hechos y que le pidieron presupuesto y valoración económica al tratarse de unos proyectos ubicados en las islas donde él era delegado.
En lo que respecta a las grabaciones de la UCO que obran en el sumario de la causa y han sido adelantadas por la Cadena Ser, el investigado expuso que estaban cortadas y que no recogían el sentido literal de sus conversaciones. Según este material, que se reprodujo durante el interrogatorio, Solórzano trató con Paulino Hernández, exdirector general de Obra Civil, y con el exdirector general de la compañía Rafael Martín de Nicolás el asunto relativo al presunto pago del 3% del importe total de licitación de la obra de Granadilla a Luis Suárez, director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. "La verdad es que hace tantísimo tiempo que ya no me acuerdo ni cuando... ni si lo hablé. ¿Tú has confirmado este terna con Luis o no, lo del tres?, pregunta Martín Nicolás, a lo que Román Solórzano responde: "Sí, como siempre".
"Conseguirlo sin coste es imposible"
Los investigadores establecen un claro vínculo entre el contenido de estos audios y las hojas de cálculo que elaboraba el exdirector de control Felicísimo Ramos y que tenía guardadas en un pendrive. De acuerdo con las mismas, la multinacional habría pagado comisiones por importe de 38,56 millones de euros entre los años 2004 y 2013, y así lo plasma el informe de la UCO al que ha tenido acceso este diario. En lo que respecta a las obras de Canarias, la Policía Judicial apunta como receptores de estas mordidas a Luis Suárez así como a Antonio Castro, exconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias.
Las mismas fuentes consultadas explican que Román negó reuniones a solas con los dos cargos en cuestión para cerrar la adjudicación del puerto de la Granadilla por el que la constructora habría abonado pagos en 'b' de 1,3 millones de euros (que correspondería con el 3,5% de comisión). Sin embargo, las grabaciones entre los investigados recogen sus conversaciones en torno al monto total de la presunta comisión. "Nuestra parte son 39 millones de euros aproximadamente... son 1,3 o 1,2", explica Román Solórzano a lo que Hernández responde: "Pero que es una pasta además que convendría hacerla antes de mayo, que son las elecciones", indica.
Paulino Hernández, ante el juez el 30 de mayo
El directivo de OHL reconoció, en línea con Martín Nicolás y otros directivos interrogados la pasada semana, que este tipo de adjudicaciones dan muchos problemas en lo que respecta a conseguir los suministros. No obstante, a diferencia de la versión mantenida por los exdirectivos de que estas cuantías eran pagos de proveedores en las islas, Román Solórzano ha apuntado que el porcentaje en efectivo se guardaba para pagos extraordinarios y que le competía a la administración pública solucionar los problemas relativos a la canteras. Con todo, ha asegurado que Paulino Hernández, que es uno de los principales investigados, le insistió en que si quería subir de categoría en la empresa tenía que salir de las obras y buscar más proyectos. Además admitió que tuvo desavenencias con él a tenor de los encuentros en los que se trató el asunto de las adjudicaciones.
Precisamente, sobre el pago de estas posibles comisiones, los investigadores sospechan que OHL tenía una serie de proveedores -catalogados por Hernández como "proveedores de confianza"- que expedirían a las empresas del grupo una serie de facturas presuntamente falsas las cuáles se cargaban en obras que generaron el dinero en efectivo necesario para los pagos. En lo concerniente a la adjudicación del puerto de La Estaca también se habrían efectuado pagos de 360.000 euros desde las UTES adjudicatarias. Se da la circunstancia de que Román Solórzano figura como gerente de varias de ellas con Obrascon y otras sociedades canarias, tal y como consta en el Registro Mercantil.
El magistrado Manuel García Castellón abrió una pieza separada en el marco del caso Lezo, donde ya figuran como investigados el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid por la adjudicación irregular del proyecto de cercanías de Navalcarnero. El instructor ha puesto el foco en este caso en presuntas mordidas que ascenderían a cerca de los 40 millones en diversos territorios de España como Andalucía, Canarias y Extremadura, de acuerdo con la contabilidad 'b' que guardaba Felicísimo Ramos. El próximo en declarar en sede judicial será Paulino Hernández quien. Su citación estaba prevista para este mismo viernes si bien se ha aplazado hasta el próximo 30 de mayo, de acuerdo con las fuentes consultadas.
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