La investigación que sigue la Audiencia Nacional por irregularidades cometidas en el seno del Canal de Isabel II continúa incorporando documentos de gran relevancia en esta recta final de las pesquisas por las inversiones de la empresa pública de aguas. Uno de los últimos informes que ya obra en el sumario es el relativo a una 'due diligence' que elaboró el propio Canal en relación a la compra de la brasileña Emissao en 2013 por 25 millones de dólares y el cual cifra el valor de la misma en 41,4 millones de dólares (30 millones de euros), lo que vendría a demostrar que no se pagaron sobrecostes por la mercantil.
El magistrado al frente del procedimiento, Manuel García Castellón, admite de esta forma la petición formulada en el juzgado por la exdirectora de negocios del Canal María Fernanda Richmond, investigada en la causa, y ha requerido a la compañía el documento elaborado el mismo año de la compra y que adjuntó con la denuncia que presentó en la Audiencia Nacional tres años después por el presunto desvío de mordidas en esta operación. De hecho, el instructor cifró en 5,8 millones de dólares las comisiones repartidas entre los presuntos cabecillas de la red así como entre cargos públicos que participaron en la transacción.
El objetivo de las defensas es probar que no se abultó el precio que pagó el Canal sino que el valor que se le dio al 75% de las acciones de Emissao fue de 41,4 millones de dólares. Para ello se amparan en este informe interno del cual solo constaban en la causa dos páginas, de acuerdo con el escrito presentado al juzgado por la exdirectiva del Canal y al que ha tenido acceso La Información. En su petición recuerda también que este documento se lo intercambiaron vía correo electrónico los exdirectivos Juan Escobar y Diego Arias; este último conocido por colaborar con la Justicia colombiana confesando el reparto de 'mordidas' derivado de la operación.
El envío interno de la 'due diligence' se produjo después de que la Junta Directiva de Inassa y el Consejo de Administración de Canal Extensia aprobaran la operativa de compra e incluso llegó a manos de la cúpula directiva de la empresa madrileña; en concreto al vicepresidente ejecutivo Rafael Prieto. El informe que ahora obra en el sumario y que consta de 58 hojas, situó el valor de la colombiana en 41,4 millones de dólares si bien éste se redujo en aproximadamente un 30% como consecuencia de impuestos impagados entre los años 2011 y 2013, por lo que se quedó en 29,5 millones.
De esta forma los acusados rechazan la versión del Canal de que el precio de compra de la mercantil permaneció "casi inalterable" hasta el cierre de la operación, la cual, según el primer instructor de la causa, el magistrado Eloy Velasco, se realizó a través de un entramado societario opaco y no contó con las autorizaciones correspondientes de la Conserjería de Hacienda. De hecho, por esta parte concreta de la macrocausa que se investiga en la pieza número 1 el entonces instructor imputó los delitos de prevaricación, fraude y malversación, entre otros, a María Fernanda Richmond y al exgerente del Canal, Adrián Martín.
Con el foco en la última Junta de Accionistas
Igualmente, las defensas se centran en el tiempo presente y piden al instructor que requiera al Canal para que aporte un nuevo informe de auditoría forense también sobre la adquisición de Emissao. Al mismo se hizo alusión en la Junta de Accionistas que se celebró el 25 de enero de este año en la que se aprobaron las cuentas consolidadas de la empresa. La conclusión a la que llegó el asesor externo en este estudio de 2018 es que "no existe responsabilidad penal de Emissao que pueda comprometer a la actividad de la compañía ni a sus cuentas anuales" y que los informes suplementarios elaborados con fecha posterior a mayo del año pasado no detectaban "ningún hecho relevante" que mereciera ser reseñado.
Sin embargo la Fiscalía Anticorrupción puso el foco en esta operativa del Canal y, de hecho, solicitó numerosas comisiones rogatorias a Colombia que el magistrado accedió a cursar ante las sospechas del reparto de comisiones ilícitas entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su hombre fuerte en Suramérica, Edmundo Rodríguez Sobrino. Fuentes de la causa consultadas por este diario explican que las pesquisas relativas a esta pieza número 1 están cerca de llegar a su término y que se pretende por parte del Ministerio Fiscal dividirla a su vez en dos teniendo en cuenta que aquí se investiga también la compra de Inassa en el año 2001 por parte del Gobierno del entonces presidente Alberto Ruiz-Gallardón.
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