Discapacidad. El cermi denuncia que la rigidez de las normas sobre pensiones impide el acceso al empleo de universitarios con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado que "la rigidez normativa en materia de compatibilidad entre pensiones no contributivas y el ejercicio de actividades que generan ingresos económicos como la percepción de becas por la realización de prácticas en empresas está apartando a muchos estudiantes universitarios con discapacidad de la posibilidad de acceder a un empleo".
Según informó la entidad en una nota, son muy numerosas las quejas de estudiantes universitarios con discapacidad que están llegando al Cermi en las que exponen que se han visto obligados a renunciar a realizar prácticas en empresas como becarios, imprescindibles para más adelante abrirse camino al empleo, porque si percibían el importe de la ayuda económica perderían la pensión no contributiva que reciben por su elevado grado de discapacidad.
"Ante esta disyuntiva, provocada por el severo régimen de incompatibilidades entre pensión no contributiva y actividad formativa con compensación económica, y a causa del temor a perder la prestación social, estos estudiantes renuncian a las prácticas en empresas, y por tanto al posible empleo que le seguiría, permaneciendo en la inactividad", agrega.
A juicio del comité, "esta deficiente regulación legal desincentiva el acceso al empleo de personas con discapacidad altamente cualificadas con interés para las empresas, por lo que debe ser modificada con urgencia".
Para evitar este bloqueo, el Cermi propone cambiar la normativa sobre pensiones no contributivas en dos puntos: por un lado, no considerar como computables los ingresos que reciben estos pensionistas por la realización de prácticas laborales en empresas a la hora de determinar el umbral de renta que permite mantener la prestación social, y por otro, elevar sustancialmente la cuantía máxima hasta la que se permite la compatibilidad entre pensión e ingresos por el desarrollo de actividades económicas, que ahora es solo del 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (IPREM) vigente.