Discapacidad. El cermi pide una reforma del código penal para eliminar la esterilización de personas con discapacidad

Ana Peláez, comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), pidió este martes en el Congreso de los Diputados que se revise el artículo 156 del Código Penal, que permite la esterilización de personas con discapacidad, una situación que, según dijo, se da sobre todo en mujeres y que va más allá de la ligadura de trompas.
Peláez compareció en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja y allí explicó que, en general, la causa de incapacitación de hombres y mujeres con discapacidad es distinta. En el caso de los varones, afirmó, suele hacerse con el fin de nombrar a un tutor para que gestione su patrimonio, mientras que en el de las mujeres, el objetivo es, mayoritariamente, autorizar su esterilización.
Y esta esterilización, prosiguió Peláez, "provoca algo más que una ligadura de trompas", ya que está amparada por una incapacitación judicial que impide, entre otras cosas, abrir una cuenta bancaria, firmar un contrato laboral o tener pareja sin consentimiento.
Por todo esto, la representante del Cermi pidió en el Congreso que se elimine la despenalización de la esterilización a personas con discapacidad, recogida en el artículo 156 del Código Penal.
En concreto, este artículo señala que "... no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz".
Ligado al aspeccto de la esterilización, Peláez lamentó que en sociedades avanzadas como la inglesa se hable de mantener durante años en estado biológico de niñez mediante métodos hormonales a niñas con discapacidad intelectual grave.
Se dolió también la comisionada de Género del Cermi de que "no se esté haciendo nada" por acabar con la explotación sexual a las mujeres con discapacidad, ya que, aseguró, hay páginas web que utilizan como reclamo a mujeres a las que les falta un brazo, por ejemplo, por que es algo que "provoca cierto morbo".
INVISIBLES
En su intervención, la representante del Cermi denunció la invisibilidad de las ciudadanas con discapacidad en las políticas en general, puesto que, señaló, no se las tiene en cuenta a la hora de promover iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad ni en las impulsadas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Hay, a su parecer, "una violencia institucional y social" hacia las mujeres y niñas con discapacidad, a quienes, en muchos casos, no se concede el derecho a desarrollar el rol social que el resto de sus iguales, es decir, educarse, formar una familia, tener hijos y accceder al mercado laboral.
Se da hacia ellas "una falta de consideración del tema de género" tanto en las políticas de discapacidad, como en las de igualdad, que hace que no existan datos suficientes sobre la situación de las mujeres con discapacidad y que no se tengan en cuenta sus necesidades específicas, añadió Peláez.
En este sentido, denunció que se hayan hecho en España estudios sobre violencia y mujeres con discapacidad que luego no se han publicado, en parte, sospechó, por la situación tan negativa que arrojan.
NECESIDADES ESPECÍFICAS
Según la comisionada de Género del Cermi, esas necesidades propias de las mujeres con discapacidad existen en prácticamente todos los ámbitos de la vida, por impensable que parezca.
A modo de ejemplo, Peláez citó las políticas sobre transporte público, que aunque no precisan de diseños diferentes para mujeres y hombres, sí necesitan, en cambio, de una perspectiva de género en su concepción.
Puesto que la proporción de hombres y mujeres que van en silla de ruedas con coche propio es de 15 a 1, indicó, debería legislarse primero la accesibilidad al transporte urbano y no al aéreo (que utilizan más hombres que mujeres con discapacidad), como ha hecho la Unión Europea.
Pese a la falta de datos sobre mujeres y niñas con discapacidad, la representante del comité indicó que en España, el 60,2% de la ciudadanía con discapacidad corresponde a mujeres, cuya tasa de inactividad ronda el 66%. También en España, prosiguió, sólo uno de cada cuatro puestos de trabajo de personas con discapacidad lo ocupan mujeres.
En los países de renta baja y media, las mujeres con discapacidad suponen tres cuartas partes del colectivo de personas con discapacidad y su tasa de alfabetización es del uno por ciento. Entre el 65 y el 70% de las mujeres con discapacidad viven además en el entorno rural, con lo que en su mayoría, un 75%, quedan excluidas del acceso al trabajo.