Una fiscal progresista, la coordinadora de los delitos relacionados con el terrorismo yihadista en la fiscalía de la Audiencia Nacional y curtida en mil batallas en el tribunal de la calle Génova será la nueva ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez. Dolores Delgado (Madrid, 1962), perteneciente a la progresista Unión Progresista de Fiscales (UPF) sustituirá a Rafael Catalá en la cartera. Entre sus futuros retos, el nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado que sustituya a Julián Sánchez Melgar y la futura renovación del Consejo General del Poder Judicial que cesa en noviembre y para cuyo recambio, el PSOE tendrá que pactar con el PP.
Se trata de una de las fiscales de mayor experiencia en la Audiencia Nacional, especialista en terrorismo, sí, pero también en los delitos económicos que, cada día más, copan la agenda de ese tribunal. Nombrada tras el pasado verano portavoz de la fiscalía de ese órgano, fue cesada tras ciertos encontronazos con su fiscal jefe, Jesús Alonso (designado por el fallecido fiscal general José Manuel Maza) que acabó sustituyéndola por un perfil mucho más conservador, el de Miguel Ángel Carballo. En las últimas elecciones al Consejo Fiscal, el órgano consultivo del fiscal general del Estado, fue elegida vocal en la lista de candidatos de su asociación, la progresista UPF.
Entre los casos relevantes que ha tenido que afrontar se encuentra el del confidente francoitaliano Hervé Falciani, que facilitó decenas de miles de cuentas de presuntos evasores fiscales con depósitos en el HSBC de Ginebra (Suiza) a España y otros países europeos. Ante la reclamación por las autoridades de Berna, Delgado defendió durante el juicio de extradición que Falciani no debía ser entregado porque, como extrabajador de ese banco, no solo no cometió ningún delito al denunciar a esos defraudadores, sino que, según la legislación española, estaba obligado a hacerlo.
Al final, la Audiencia 'compró' su argumento validando así los datos del confidente en España, lo que supuso el mayor proceso de regularización fiscal de la historia de nuestro país. Solo la familia Botín tuvo que pagar 200 millones de euros a la Agencia Tributaria. Pese a la intensa colaboración del exinformático del HSBC con Anticorrupción, que gracias a sus revelaciones ha podido impulsar un procedimiento contra el propio banco, Falciani volvió a ser detenido el pasado abril. La fiscalía que en 2013 defendió su libertad de boca de Delgado, esta vez reclamó su prisión. La ahora ministra de Justicia se mostró muy crítica con esa decisión.
Ya como coordinadora de delitos yihadistas, dos meses antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, Delgado detectó los problemas de coordinación para la investigación y control de terroristas que se manifestaron en la ejecución de esos ataques, en los que las diversas fuerzas de seguridad desconocían que uno de los presuntos líderes del grupo, el imán Albdelbaki es Satty, había sido investigado en otro sumario en la Audiencia Nacional también por islamismo radical. De saberlo habría habido mayores oportunidades de desarticular la célula de los presuntos autores.
Ella y el fiscal jefe Jesús Alonso redactaron un decreto que ordenaba a todas las policías que pusieran en conocimiento de la Audiencia Nacional todas las investigaciones sobre este fenómeno para que las coordinara la fiscalía de la Audiencia Nacional junto con un comisario de la Policía Nacional y un comandante de la Guardia Civil. Entre las medidas a crear, un observatorio que acumulara toda la información no reservada sobre terrorismo. Lamentablemente, estas medidas, puestas en marcha el 20 de junio de 2017 no pudieron implementarse a tiempo para evitar los atentados.
Muy próxima al exjuez Baltasar Garzón, Delgado fue una de las principales defensoras de su inocencia y de las que más sufrieron con su expulsión de la judicatura junto a otros jueces y magistrados de la Audiencia también de su círculo, como Santiago Pedraz, Fernando Andreu, José Ricardo de Prada, Javier Martínez Lázaro (fallecido), Clara Bayarri o Ramón Saez, todos ellos progresistas. Junto al antiguo titular del Juzgado Central 5, Pedraz y Andreu, compartió durante años el rito de tomar el aperitivo en los bares de los alrededores de la madrileña plaza de la Villa de París.
Como su excompañero y amigo, Delgado es una firme defensora de los derechos humanos y de la justicia universal que permitió procesar en España a militares argentinos como Scilingo y Cavallo, en cuyos casos intervino. Tiene experiencia internacional al haber trabajado junto a Garzón con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, el argentino Luis Moreno Ocampo, donde trabajó en la documentación de la orden de arresto de ese tribunal de la ONU contra el exdictador libio Muammar el Gadafi en 2011.
Abierta, simpática, didáctica, conversadora, con un gran sentido del humor... Entre sus compañeros jueces y fiscales es difícil encontrar detractores. Es radicalmente contraria a las interferencias del Gobierno en el nombramiento de cargos judiciales, el trabajo de los tribunales y el del Ministerio Público. Ahora tendrá que ver la relación entre ambos poderes del Estado -el Ejecutivo y el Judicial- desde el otro lado de la trinchera.
Su antecesor en el cargo no supo evitar la tentación de saltarla en algunas ocasiones. Como al criticar a uno de los magistrados del tribunal de La Manada o en el caso Lezo. En una de las conversaciones del expresidente madrileño Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana ambos hablaban de la conveniencia para sus intereses de que Manuel Moix fuera nombrado fiscal jefe Anticorrupción, como finalmente ocurrió. Aquel episodio le valió a Catalá su reprobación en el Congreso.
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